EE.UU. anunció un arancel del 20.91% al tomate mexicano desde el 14 de julio, tras cancelar el acuerdo de exportación firmado en 2019.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este lunes que a partir del 14 de julio se aplicará un nuevo arancel del 20.91% a las importaciones de tomate provenientes de México, cancelando así el acuerdo comercial establecido en 2019. Esta decisión representa un endurecimiento en las relaciones comerciales entre ambos países, especialmente en uno de los sectores más sensibles del intercambio agrícola bilateral.
Según lo informado por el Departamento, la medida tiene como propósito principal “permitir a los productores estadounidenses competir de forma justa en el mercado”, argumento que ya había sido esgrimido por la administración del presidente Donald Trump en decisiones similares durante su primer mandato. La postura oficial también señala que esta acción busca cerrar lagunas legales que permitían el ingreso de tomate mexicano con condiciones supuestamente desleales para los agricultores estadounidenses.
El acuerdo de 2019 había sido un punto de conciliación entre la Secretaría de Economía de México, los exportadores de tomate y las autoridades norteamericanas, evitando así una investigación formal por presuntas prácticas de dumping y frenando una escalada de tensiones comerciales en ese momento. Dicho pacto contemplaba un mecanismo de inspección y verificación de calidad en frontera para garantizar el cumplimiento de normas, sin recurrir a aranceles punitivos.
Ahora, con la cancelación de dicho convenio, las exportaciones mexicanas de tomate se enfrentarán a una barrera tarifaria que podría afectar gravemente a miles de productores, especialmente en estados como Sinaloa, Baja California, Sonora y Michoacán, que dependen en gran medida del acceso al mercado estadounidense.
Este nuevo escenario genera incertidumbre tanto para los agricultores como para los consumidores en ambos lados de la frontera, y se anticipa que México podría buscar medidas de respuesta o retomar negociaciones para proteger al sector. Por el momento, no se ha emitido una respuesta oficial de parte del gobierno mexicano.
