La apertura de La Amistad para enviar agua a Estados Unidos ha encendido alertas en Chihuahua, donde, ante la sequía extrema, autoridades rechazan entregar el recurso al país vecino.
Ante la presión ejercida por el expresidente Donald Trump y otros actores estadounidenses para que México cumpla con el tratado de aguas, el Gobierno Federal tomó la decisión de abrir la presa La Amistad, ubicada en Coahuila, con el objetivo de enviar líquido a Estados Unidos. Esta acción ha desatado una creciente preocupación entre agricultores y autoridades de Chihuahua, quienes temen que sus presas sean las próximas en ser explotadas para cumplir con este compromiso internacional.
Actualmente, el norte del país enfrenta una sequía severa que ha mermado significativamente la capacidad de almacenamiento de las presas. En el caso de Chihuahua, presas clave como La Boquilla y Las Vírgenes operan a tan solo 14% y 11% de su capacidad, respectivamente. Esta situación crítica ha sido denunciada por legisladores locales como Tony Meléndez, del PRI, quien advierte sobre la disminución alarmante de los niveles de agua en el estado.
Por su parte, el diputado del PAN, Arturo Zubía, ha exhortado al Gobierno Federal a declarar a Chihuahua en estado de emergencia, dada la gravedad de la crisis hídrica que atraviesa. Esta postura se suma a la firme declaración de la gobernadora Maru Campos, quien ha expresado con claridad que no permitirá la entrega de agua a Estados Unidos bajo las actuales condiciones de sequía extrema.
La mandataria estatal fue contundente al señalar que “nadie está obligado a lo imposible”, argumentando que, siendo Chihuahua el único estado del país catalogado con sequía extrema, no es viable ceder el recurso hídrico cuando ni siquiera hay abasto suficiente para las necesidades locales. En este contexto, la decisión del Gobierno Federal de abrir La Amistad ha encendido alarmas en todo el estado, donde el temor es que las presas chihuahuenses sean utilizadas como siguiente opción para el pago de agua al país vecino.
La tensión se incrementa conforme avanza el conflicto entre los intereses federales e internacionales, y la urgente necesidad de garantizar el abasto local en un estado que ya enfrenta condiciones críticas. Mientras tanto, agricultores, autoridades estatales y representantes locales se mantienen en alerta y advierten que no permitirán que se repita el escenario vivido en años anteriores.
