El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo del modelo de seguridad de Bukele, aloja ahora a migrantes deportados por el gobierno de Trump, bajo condiciones de extremo aislamiento.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se ha convertido en una pieza clave del modelo de seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Esta “megaprisión”, situada a unos 70 kilómetros de San Salvador, abrió sus puertas en 2023 y fue diseñada inicialmente como un centro de rehabilitación de baja seguridad, incluso con financiamiento parcial de Estados Unidos. Sin embargo, su propósito cambió drásticamente para transformarse en el ícono más visible de la cruzada oficial contra las pandillas.
El complejo carcelario, conformado por ocho enormes bloques, puede albergar hasta 20 mil reclusos, aunque Bukele ha sugerido que la capacidad podría duplicarse a 40 mil mediante el hacinamiento. Sus interiores, que han sido ampliamente mostrados en redes sociales por el propio gobierno, reflejan un ambiente de orden y control extremo. Videos muestran a miles de hombres tatuados, alineados y sometidos a estrictas normas de disciplina.
Uno de los recientes casos que ha llamado la atención internacional es el de Kilmar Armando Abrego Garcia, un hombre deportado por error desde Maryland, EE.UU., y que fue recluido en el CECOT. Cuando el senador Chris Van Hollen intentó visitarlo el jueves pasado, se le negó la entrada al penal. Abrego fue trasladado a otro centro en Santa Ana, y luego llevado a un hotel para reunirse con el legislador, quien denunció las condiciones del sistema penitenciario salvadoreño.
Actualmente, el CECOT también alberga a unos 300 migrantes venezolanos y salvadoreños deportados desde Estados Unidos bajo la administración Trump, muchos de ellos acusados de vínculos con bandas como la MS-13 o el Tren de Aragua. Esto se produce en el marco del régimen de excepción declarado por Bukele en 2022, que ha resultado en la detención de más de 85 mil personas, muchas sin juicio previo, según organizaciones de derechos humanos.
Aunque funcionarios salvadoreños han asegurado que los deportados reciben trato adecuado, con alimentos completos, revisiones médicas y colchones, diversos informes revelan una realidad mucho más cruda. La mayoría de los internos del CECOT permanecen encerrados más de 23 horas al día en celdas con literas metálicas, sin colchones ni sábanas, sin acceso a libros ni correo, y sin contacto con sus familiares o abogados. Las comidas se consumen con las manos, sin utensilios, y en cantidades mínimas. Algunos internos lucen visiblemente desnutridos, según registros audiovisuales.
La prisión ha sido duramente criticada por su nivel de aislamiento, descrito por expertos como un “gulag tropical” y una versión salvadoreña de Siberia. No hay visitas ni siquiera virtuales, y se limita severamente el contacto con defensores legales. Esta situación ha generado preocupaciones sobre el respeto al debido proceso, la dignidad humana y el acceso a mecanismos constitucionales de defensa.
A pesar de que funcionarios y medios oficialistas promueven visitas guiadas para periodistas, influencers y políticos afines —quienes reciben un recorrido cuidadosamente controlado y siempre entrevistan al mismo recluso que actúa como vocero—, organizaciones como Human Rights Watch advierten que el hermetismo del CECOT impide verificar abusos, aunque basándose en la experiencia con otras cárceles salvadoreñas, presumen un “alto riesgo de tortura y maltratos”.
En cárceles distintas al CECOT, pero bajo el mismo régimen de excepción, se han documentado muertes por falta de atención médica, tortura física, confesiones forzadas y negación sistemática de necesidades básicas. Según la organización Cristosal, al menos 368 personas han muerto bajo custodia estatal, aunque la cifra podría ser mayor. Por ello, voces críticas afirman que el CECOT ha sido concebido no sólo como prisión, sino como una exhibición mediática del castigo, donde el diseño mismo es una forma de crueldad institucionalizada.
