Maduro califica de “secuestro” la detención de migrantes venezolanos en El Salvador y rechaza propuesta de intercambio hecha por Bukele.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este lunes un duro reclamo a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, al exigir la liberación inmediata de más de 250 migrantes venezolanos detenidos en la prisión de máxima seguridad Cecot, calificando su encarcelamiento como un “secuestro”. En una transmisión televisiva, Maduro solicitó pruebas de vida de los detenidos, acceso para sus familias y abogados, y una liberación incondicional. También pidió la liberación de Kilmar Ábrego García, ciudadano venezolano deportado por error desde Estados Unidos y retenido en territorio salvadoreño.
Estas exigencias se produjeron como respuesta directa a una propuesta reciente de Bukele, quien sugirió realizar un intercambio de prisioneros: devolver a los venezolanos detenidos en El Salvador a cambio de 252 presos políticos encarcelados en Venezuela. Bukele argumentó que, a diferencia de los reclusos venezolanos en El Salvador —a quienes acusa de tener antecedentes por homicidios, violaciones y vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y la MS-13—, los presos políticos venezolanos están tras las rejas solo por oponerse al régimen de Maduro.
La propuesta también incluía a cuatro líderes políticos venezolanos que han solicitado asilo en la embajada de Argentina en Caracas, perseguidos por el chavismo bajo acusaciones de terrorismo y traición. Según Bukele, su liberación sería un gesto de justicia, ya que ninguno ha sido condenado por delitos reales, sino por su cercanía con figuras opositoras como María Corina Machado.
Ante la falta de pruebas concretas que demuestren vínculos criminales de los migrantes detenidos, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también se sumó a las críticas, exigiendo al gobierno salvadoreño un listado completo de los venezolanos presos, así como información sobre su estado de salud. Saab reiteró que mantener a estas personas detenidas sin proceso judicial constituye una violación de derechos humanos y volvió a emplear el término “secuestro” para referirse a su situación.
Por su parte, el caso de Kilmar Ábrego García ha llamado la atención internacional. Deportado erróneamente desde Estados Unidos y acusado sin pruebas contundentes de pertenecer a la MS-13, su situación legal ha sido impulsada por el senador Chris Van Hollen, quien recientemente logró visitarlo en la prisión salvadoreña tras una negativa inicial de acceso.
El trasfondo de este conflicto es la decisión de El Salvador de aceptar a cientos de migrantes deportados por la administración Trump, bajo la justificación de que eran criminales peligrosos. Esta política, sumada a la guerra frontal de Bukele contra las pandillas salvadoreñas, ha sido ampliamente criticada por organismos internacionales por supuestos abusos y restricciones a las libertades civiles.
Aunque la popularidad de Bukele se mantiene sólida en su país, la tensión diplomática con Venezuela aumenta. La negativa de Maduro a aceptar el intercambio propuesto y su insistencia en liberar a sus connacionales sin condiciones dibujan un nuevo punto de fricción en la política latinoamericana, en medio de una lucha de narrativas sobre derechos humanos, criminalidad y legitimidad política.
