Trump acelera la entrada de afrikáners como refugiados, provocando críticas por excluir a quienes huyen de guerras o hambruna.
Un grupo de 49 sudafricanos blancos, en su mayoría afrikáners, partió este domingo desde Johannesburgo rumbo a Estados Unidos a bordo de un avión financiado por el gobierno de Donald Trump, como parte de un nuevo programa que les concede estatus de refugiados. La medida ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera de Sudáfrica, donde se la considera un uso polémico del sistema de asilo político, diseñado tradicionalmente para personas que escapan de conflictos armados o crisis humanitarias graves.
Apenas tres meses después de que Trump firmara una orden ejecutiva que otorga este estatus a los afrikáners —grupo étnico blanco descendiente de colonizadores europeos y asociado históricamente con el régimen del apartheid—, el primer contingente ya se encuentra en camino a EE. UU. Las autoridades estadounidenses tienen programado un recibimiento oficial en Washington, aunque diversas organizaciones defensoras de migrantes han calificado el programa como una distorsión del sistema de protección humanitaria, al beneficiar a una población que, en términos generales, continúa gozando de privilegios económicos y sociales en su país de origen.
Los afrikáners que integran este grupo alegan haber sido víctimas de discriminación racial, violencia y exclusión laboral, en lo que consideran una inversión de las dinámicas sociales posapartheid. Aunque estas denuncias no son nuevas, activistas y analistas señalan que no representan una persecución sistemática ni equiparable a las condiciones de quienes huyen de zonas de guerra, como Sudán o el Congo, cuyas admisiones como refugiados han sido drásticamente reducidas por el gobierno de Trump.
La situación ha exacerbado las ya tensas relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y Estados Unidos. Desde Pretoria, el gobierno acusa a la administración Trump de utilizar el tema como una herramienta política para desacreditar los esfuerzos de reparación histórica y redistribución de tierras impulsados en el país. La reciente promulgación de una ley que permite expropiar tierras sin compensación, con el objetivo de corregir la desigualdad heredada del apartheid, ha provocado temores entre los agricultores blancos, aunque los expertos aseguran que las confiscaciones serán mínimas y sujetas a revisión judicial.
El presidente Trump, sin embargo, ha presentado estos esfuerzos como actos de represión racial contra los blancos, incluso afirmando erróneamente que ya se estaban confiscando propiedades. Estas declaraciones han sido celebradas por sectores afrikáners, pero rechazadas por líderes sudafricanos, quienes han pedido respeto a su soberanía y proceso constitucional.
Mientras tanto, los solicitantes afrikáners continúan incrementándose. El Departamento de Estado ha recibido más de 8,000 peticiones de refugio por parte de ciudadanos sudafricanos blancos, aunque aún no está claro cuándo ni cuántos serán admitidos adicionalmente. Algunos miembros de esta comunidad, incluso, han manifestado su deseo de recibir apoyo internacional para mejorar sus condiciones dentro de Sudáfrica, en lugar de emigrar.
La historia de los afrikáners está marcada por su dominio político y económico durante el apartheid, y aunque hoy representan apenas el 7% de la población, siguen siendo propietarios de una proporción significativa de las tierras agrícolas del país. Las tensiones por la redistribución de tierras, la desigualdad persistente y la memoria del pasado colonial continúan alimentando un debate profundo y complejo sobre justicia, privilegio y reconciliación en Sudáfrica.
