El secretario de Seguridad confirmó que 17 familiares de personas ligadas al Cártel de Sinaloa se trasladaron a Estados Unidos, posiblemente como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump.
En un hecho que ha generado controversia en ambos lados de la frontera, el secretario de Seguridad de México confirmó que al menos 17 familiares de líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos parientes directos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cruzaron hacia Estados Unidos en un traslado aparentemente coordinado con las autoridades del país vecino. De acuerdo con fuentes oficiales, este movimiento podría haber sido parte de un acuerdo discreto con la administración del expresidente Donald Trump.
Aunque los detalles del posible acuerdo no han sido divulgados públicamente, se presume que el traslado de los familiares pudo haberse dado a cambio de colaboración o información relevante para investigaciones contra el narcotráfico. La migración ocurrió de forma organizada, y según autoridades mexicanas, las personas fueron recibidas por agencias estadounidenses bajo protocolos especiales.
Los nombres de los trasladados no han sido revelados por motivos de seguridad, sin embargo, se sabe que pertenecen al círculo íntimo de figuras clave del Cártel de Sinaloa. Este hecho ocurre en medio de esfuerzos binacionales por debilitar la estructura de la organización criminal, considerada una de las más poderosas del mundo.
Este tipo de acciones ha desatado preguntas sobre el alcance de la cooperación entre gobiernos en el combate al narcotráfico y las condiciones de los acuerdos que podrían implicar la reubicación o protección de personas ligadas a cárteles. Críticos han señalado que, de confirmarse un pacto de este tipo, podría sentar un precedente delicado sobre el tratamiento de individuos relacionados con el crimen organizado a cambio de favores judiciales o inteligencia estratégica.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses no han emitido un pronunciamiento oficial al respecto, aunque algunas fuentes cercanas al Departamento de Justicia han indicado que estos traslados se dan bajo circunstancias “muy específicas” y con fines de seguridad nacional.
El caso sigue en desarrollo y podría tener implicaciones políticas y judiciales relevantes tanto en México como en Estados Unidos.
