España intensifica medidas contra los alquileres turísticos ilegales en Airbnb, exigiendo la retirada de 66,000 anuncios para enfrentar la crisis de vivienda.
El gobierno de España ha dado un paso firme en su lucha contra la crisis habitacional al ordenar a la plataforma Airbnb la eliminación de casi 66,000 anuncios de alquileres turísticos. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia para controlar la proliferación de alojamientos temporales que, según las autoridades, han contribuido al encarecimiento del mercado inmobiliario y a la expulsión de familias de sus hogares.
La decisión se sustenta en el hallazgo de múltiples irregularidades, como la falta de licencias, el uso de números de licencia falsos o la omisión de información relevante sobre si la gestión de la propiedad es llevada por empresas o particulares. Según el Ministerio de Consumo, encabezado por Pablo Bustinduy, estos anuncios violan la normativa vigente y representan un obstáculo para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Airbnb, por su parte, anunció que apelará judicialmente esta orden y que mantendrá los anuncios activos mientras el proceso legal se resuelve. La empresa argumenta que la raíz del problema no son los alquileres turísticos, sino la escasa oferta de viviendas en el país, y que las restricciones impuestas en otras ciudades globales han demostrado ser ineficaces para resolver la crisis habitacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó la decisión del gobierno, autorizando el retiro inicial de 5,800 anuncios, con la previsión de emitir órdenes adicionales para eliminar el resto progresivamente. Esta sentencia afecta a comunidades como Madrid y Cataluña, donde el impacto del turismo sobre la vivienda ha sido particularmente significativo.
Barcelona ya había anunciado medidas drásticas, como la eliminación de licencias de alquiler vacacional para el año 2028, obligando a los propietarios a optar entre rentas a largo plazo con precios regulados o la venta de sus propiedades. Estas políticas buscan contrarrestar los efectos negativos del turismo masivo y la especulación inmobiliaria, factores que han incrementado la desigualdad social.
El fenómeno que enfrenta España no es único. Ciudades europeas como Ámsterdam o Edimburgo viven realidades similares, donde la conversión de propiedades residenciales en inversiones financieras ha desplazado a los habitantes locales. La expansión del turismo y el trabajo transfronterizo ha llevado a muchos propietarios a privilegiar alquileres de corto plazo en detrimento de la vivienda permanente.
El gobierno español está intentando revertir esta tendencia con planes para ampliar el parque de viviendas sociales y asequibles. El presidente Pedro Sánchez incluso ha propuesto impuestos específicos para desincentivar la inversión extranjera especulativa. Además, una decisión del Tribunal Supremo en diciembre pasado permite que comunidades de propietarios prohíban el alquiler turístico con una mayoría calificada, brindando nuevas herramientas a los ciudadanos para proteger sus viviendas.
Con esta ofensiva legal y política, España pretende recuperar el equilibrio entre el desarrollo turístico y el derecho a la vivienda, reafirmando que ningún interés económico debe estar por encima de las necesidades básicas de la población.
