A meses de la nueva integración de la Suprema Corte, quedan sin resolver más de 1,200 asuntos judiciales, incluidos casos fiscales de alto impacto como los de Salinas Pliego y maquiladoras IMMEX.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraviesa una etapa de transición marcada por una elevada carga de trabajo: al menos mil 228 asuntos quedarán pendientes para los nuevos ministros que asumirán funciones el próximo 1 de septiembre. Esta cifra representa el rezago acumulado por el actual pleno y las dos salas del máximo tribunal del país, que deberán ser resueltos por la nueva integración derivada de la Reforma Judicial.
Los nueve ministros que integrarán la nueva Corte recibirán su constancia de mayoría este domingo y asumirán con la responsabilidad inmediata de revisar, proyectar y fallar cientos de casos, muchos de ellos congelados en automático desde la Oficialía de Partes hasta su análisis por los nuevos juzgadores. Entre los asuntos más relevantes destacan los adeudos fiscales de empresas pertenecientes al empresario Ricardo Salinas Pliego, así como los reclamos de maquiladoras que cuestionan el doble cobro del IVA en el programa IMMEX.
Según datos obtenidos por El Sol de México, actualmente hay 428 expedientes sin proyecto de resolución, lo que implica que ni siquiera se ha iniciado su estudio formal. De esos, 111 están bajo la responsabilidad de Loretta Ortiz Ahlf, quien fue reelecta; 102 de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; 79 de Lenia Batres, también ratificada; y 46 de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Estos ministros concentran la mayor parte del rezago que la nueva Corte deberá afrontar en un tiempo límite.
La presión será mayor debido a que la Reforma Judicial establece que la SCJN debe resolver todos los asuntos en un plazo máximo de seis meses desde que tenga conocimiento de ellos. Esto obliga a la nueva integración a aplicar estrategias para evitar un colapso institucional. Una opción que se valora es la creación de grupos de trabajo similares a las salas actuales para agilizar la resolución de casos.
Durante el 2023, la Suprema Corte resolvió más de 4 mil 200 casos, mientras que en lo que va de 2024 ha resuelto poco más de 3 mil 800. Sin embargo, con las modificaciones constitucionales, todos los casos deberán ser resueltos por el pleno, que pasará de once a nueve ministros. Esta reducción implica mayor carga por ministro y menores márgenes de maniobra para equilibrar la distribución de expedientes.
El académico Javier Martín Reyes advirtió que la curva de aprendizaje será otro factor de presión, ya que seis de los nueve nuevos ministros, incluido su presidente electo Hugo Aguilar, deberán adaptarse de inmediato al funcionamiento interno de la SCJN. Afirmó que la complejidad de los casos y el volumen acumulado representan un desafío sin precedentes para esta nueva etapa.
Entre los asuntos que quedarán como herencia están temas fiscales de gran calado, como la disputa de 46 mil millones de pesos derivados de las reglas del IVA aplicadas a empresas del programa IMMEX. También permanecen sin resolución casos de devolución de impuestos a empresas de sectores clave como el farmacéutico y automotriz; así como criterios sobre temas sociales sensibles como el financiamiento público para el aborto, derechos de infancias trans, la extinción de organismos autónomos y la venta de chatarra en universidades públicas.
Otros pendientes relevantes incluyen la impugnación a la Ley Federal de Revocación de Mandato, la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el análisis de la creación del Banco de ADN, criticado por organizaciones civiles por presuntamente vulnerar la privacidad y la protección de datos personales.
Uno de los asuntos más delicados es el debate sobre la prisión preventiva oficiosa, cuya resolución está programada para el 5 de agosto, en una de las últimas sesiones de la actual Corte. No obstante, las presiones ejercidas desde instancias federales como la FGR y fiscalías estatales podrían influir en su aplazamiento o modificación.
A solo dos meses del relevo judicial, la Suprema Corte encara una etapa crítica en su historia, no solo por el volumen de trabajo acumulado, sino por la trascendencia de los temas pendientes que podrían definir el rumbo del país en materia fiscal, social y constitucional.
