Con 71 votos a favor y 36 en contra, el Senado aprobó una controversial reforma al Infonavit, permitiendo que destine recursos a la compra de suelo y construcción de vivienda, lo que ha generado fuertes críticas de la oposición.
En una sesión intensa y repleta de tensos debates, el Senado de la República aprobó con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados una reforma trascendental a las leyes del Infonavit y del Trabajo. La modificación, que ha sido calificada como profundamente polémica, permitirá que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) utilice sus recursos para la adquisición de terrenos e inmuebles, además de permitirle financiar la construcción de viviendas mediante una empresa filial.
La reforma fue avalada en lo general con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, y ahora ha sido turnada al Ejecutivo Federal para su inminente publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con su implementación, se establecerá una empresa filial encargada de los ambiciosos proyectos habitacionales, aunque sin constituirse como una entidad paraestatal.
Uno de los cambios más relevantes es la regulación del arrendamiento social, estableciendo que el pago no podrá superar el 30% del salario del trabajador, brindando una alternativa accesible para la compra de vivienda.
Sin embargo, la aprobación de esta reforma no estuvo exenta de escándalos y encendidas acusaciones. La oposición levantó fuertes críticas, asegurando que este cambio legislativo abre las puertas a posibles actos de corrupción y desvío de recursos. De manera vehemente, los legisladores opositores denunciaron que la empresa encargada de ejecutar estos proyectos podría quedar en manos de figuras sumamente cuestionadas, como el exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza, lo que encendió aún más los ánimos en la discusión.
El debate sobre esta reforma ha dejado a la opinión pública dividida. Mientras algunos sectores la consideran una medida innovadora y crucial para mejorar el acceso a la vivienda, otros la ven como un peligroso intento de desvío de recursos públicos que podría desembocar en un nuevo escándalo de corrupción.