Las movilizaciones feministas del 8M han sido clave para la creación de leyes que protegen a las mujeres en México. Casos como el de Ingrid Escamilla o María Elena Ríos han impulsado reformas para castigar la violencia de género con mayor severidad.

Las marchas feministas han sido una herramienta fundamental para visibilizar la violencia de género y la falta de acceso a la justicia para las mujeres en México. Gracias a la presión social ejercida en estas movilizaciones, diversas iniciativas se han convertido en leyes que protegen los derechos de las mujeres y castigan actos violentos que antes no eran sancionados con la debida severidad.
Un ejemplo reciente es la iniciativa “Ley Mya”, presentada el 5 de marzo por Mya Naomi, joven chihuahuense sobreviviente de un intento de feminicidio en 2022. Su propuesta busca sancionar la tentativa de feminicidio en adolescentes a nivel nacional, ya que actualmente la ley no contempla este delito cuando involucra a menores de edad. En su intervención, Mya Naomi destacó que su agresor, al ser menor de edad, solo fue procesado por violencia familiar y lesiones graves, dejando un vacío legal que permite la impunidad en casos similares.
Otra legislación clave es la Ley Malena, que tipifica y castiga con mayor severidad los ataques con ácido u otras sustancias químicas. Inspirada en el caso de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña víctima de un ataque con ácido en 2019, esta ley representa un avance en la lucha contra la violencia química.
El feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020 dio lugar a la Ley Ingrid, que sanciona a los servidores públicos que filtren imágenes o videos de mujeres víctimas de violencia de género, protegiendo así la privacidad y dignidad de las víctimas.
En el ámbito de la protección a menores, la Ley Sabina se promulgó para salvaguardar a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio o violencia de género. Esta legislación surgió tras el caso de una niña llamada Sabina, quien fue víctima de violencia vicaria, un tipo de agresión en la que los hijos son utilizados para causar daño a sus madres.
Otra de las leyes impulsadas por el movimiento feminista es la Ley Olimpia, que castiga la difusión no consensuada de contenido íntimo. Esta iniciativa nació a partir de la lucha de Olimpia Coral Melo, víctima de violencia digital, y ha sido clave para combatir la agresión en línea y la vulneración de la intimidad de las mujeres.
Por su parte, la Ley Monse, en honor a Monserrat Bendimes, establece penas más severas para quienes intenten evadir la justicia por feminicidio, cerrando vacíos legales que antes permitían la impunidad.
Estas legislaciones son una muestra del impacto que han tenido las protestas feministas en la transformación del marco legal en México. Sin embargo, aunque representan avances en la protección de los derechos de las mujeres, aún persiste el desafío de garantizar su aplicación efectiva y continuar impulsando cambios que aseguren justicia para todas.