El gobierno de EE. UU. enfrenta dificultades para habilitar Guantánamo como centro de detención migratoria. Con infraestructura limitada y traslados inciertos, la operación genera dudas sobre su viabilidad y costos.

El gobierno de Estados Unidos ha encontrado múltiples obstáculos en su intento de utilizar la base naval de Guantánamo como un centro de detención para migrantes en espera de deportación. A pesar del anuncio hecho por el presidente Donald Trump el 29 de enero, en el que se contemplaba la llegada de hasta 30,000 migrantes, la capacidad real de las instalaciones es muy limitada, y el proyecto enfrenta problemas logísticos y de infraestructura.
Hasta la fecha, menos de 300 migrantes han sido trasladados desde centros de detención en Texas hacia Guantánamo. No obstante, muchos de ellos han permanecido solo por un breve período antes de ser enviados nuevamente a Estados Unidos o deportados sin una explicación clara. Actualmente, solo 40 migrantes se encuentran en la base, lo que sugiere que el gobierno podría estar reconsiderando la viabilidad de la operación.
Uno de los principales problemas es la falta de infraestructura adecuada. Actualmente, la base solo tiene capacidad para albergar a 225 personas simultáneamente, distribuidas entre una pequeña edificación cercana al aeropuerto con espacio para 50 hombres y el Campo 6, un centro penitenciario previamente utilizado para sospechosos de terrorismo. Además, la construcción de una ciudad de tiendas de campaña que debía expandir la capacidad se ha detenido. De las 195 tiendas instaladas, ninguna está en uso debido a problemas como la falta de aire acondicionado y la presencia de moho. La representante Sara Jacobs, tras una visita a la base, señaló que no existe un plan claro para alcanzar la meta de 30,000 detenidos.
El traslado de migrantes a Guantánamo ha sido errático y poco transparente. Entre el 4 de febrero y el 7 de marzo, al menos 270 migrantes fueron enviados a la base en vuelos chárter desde Texas, la mayoría de origen venezolano. Sin embargo, muchos fueron deportados rápidamente a Honduras y luego a su país de origen. Otros han sido enviados de vuelta a Estados Unidos, en ocasiones sin claridad sobre su destino final.
El costo de la operación también es motivo de preocupación. Se estima que más de 1,000 personas, entre militares, agentes de inmigración y contratistas, están involucradas en la logística. Hasta ahora, la operación ha costado al menos 16 millones de dólares, aunque no se ha precisado si esta cifra incluye los vuelos chárter y militares utilizados para el traslado de los migrantes. Dependiendo de la aeronave, el costo por hora de vuelo varía entre 6,929 y 28,000 dólares.
El futuro de la operación sigue siendo incierto. Grupos defensores de derechos humanos han presentado demandas para frenar los traslados de migrantes a Guantánamo, argumentando que son innecesarios y violan derechos fundamentales. El gobierno, por su parte, ha evitado dar detalles sobre algunos aspectos clave de la operación, como los criterios para seleccionar a los migrantes trasladados y el destino final de quienes han sido devueltos a EE. UU. Una audiencia judicial está prevista para el viernes, lo que podría marcar un punto de inflexión en el futuro de esta controvertida política migratoria.