Nuevas revelaciones sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, apuntan a que el crematorio clandestino era solo una parte de las atrocidades cometidas en el lugar. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha documentado abusos, tráfico de órganos y abuso infantil, y denuncia la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades.
El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fue señalado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco como un lugar de atrocidades cometidas por un grupo criminal. Tras una llamada anónima el 5 de marzo, los activistas encontraron tres hornos crematorios subterráneos y otros indicios de actividades ilícitas. A pesar de que las autoridades estatales ya habían intervenido en septiembre de 2024, no se documentaron adecuadamente los hallazgos, como los restos humanos ni los hornos crematorios, lo que ha generado indignación.
Los testimonios de sobrevivientes revelan detalles escalofriantes. Los jóvenes desaparecidos eran reclutados bajo falsas promesas de trabajo y llevados al rancho, donde eran sometidos a violencia física, aislamiento, y obligados a participar en la quema y entierro de cuerpos. Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, citó el testimonio de un sobreviviente que describió un «cuarto de la carnicería», donde los cuerpos eran quemados en condiciones inhumanas.
Uno de los testimonios más impactantes provino de una joven llamada María, quien estuvo cautiva en el rancho durante tres años. Según su relato, el rancho funcionaba desde 2012 y realizaba experimentos médicos, incluyendo la venta de órganos. También confirmó los abusos sexuales contra menores y describió un espacio conocido como «la puerquera», donde los cautivos eran atacados por cerdos.
El colectivo también mencionó que los cautivos eran sometidos a peleas en lodo como parte de un proceso de control, y que quienes intentaban escapar eran ejecutados. Además, algunos miembros del grupo criminal pedían personas específicas, muchas veces en represalia, como fue el caso de empresarios que tuvieron conflictos con los delincuentes.
En los relatos de la sobreviviente, se destacó el uso del rancho para adiestrar a los cautivos en técnicas de combate, y aquellos que sobrevivían eran enviados a zonas de conflicto, como Zacatecas o Michoacán, para ser utilizados como «carne de cañón». Quienes sobrevivían a esta etapa eran enviados a una «escuela del terror», donde recibían entrenamiento armado.
Indira Navarro acusó a las autoridades de no haber documentado adecuadamente los hallazgos en la intervención de 2024, lo que provocó que los responsables pudieran seguir operando sin que se tomaran acciones significativas. A pesar de las evidencias y testimonios, la líder del colectivo hizo un llamado a la intervención urgente del Gobierno Federal y de organismos internacionales, ya que el caso ha sobrepasado las capacidades del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que se abriría una investigación para esclarecer los hechos, señalando que resulta inverosímil que las autoridades locales y estatales no hubieran tenido conocimiento de la magnitud de los crímenes. En Jalisco, el registro estatal de personas desaparecidas incluye a más de 15 mil personas, de las cuales más de 12 mil son hombres.
El colectivo ha pedido apoyo para identificar a las víctimas mediante la revisión de objetos encontrados en el rancho, los cuales han sido catalogados y documentados para su comparación con los reportes de desapariciones.
