Don Genaro Ramírez perdió su rancho en Teuchitlán, Jalisco, tras ser amenazado por presuntos integrantes del CJNG en 2012. El terreno pasó ilegalmente a propiedad privada, lo que sugiere la posible colusión de autoridades.
El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, es el escenario de una historia de despojo y miedo que apunta directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una red de irregularidades en trámites oficiales. Según una investigación del medio Emeequis, el predio, que originalmente pertenecía a un poblador identificado como Don Genaro Ramírez, fue arrebatado mediante amenazas y coacción, sin que hasta el momento haya explicaciones claras sobre la forma en que pasó de ser un terreno ejidal a una propiedad privada.
De acuerdo con la información recabada, en 2012 dos hombres llegaron a la casa de Don Genaro y, sin necesidad de portar armas, le exigieron que vendiera su parcela. La amenaza se hizo explícita cuando tomaron a su hija y dejaron en claro que, de no aceptar el trato, le harían daño. A pesar del temor que sintió, el ejidatario no tuvo más opción que ceder su terreno. Curiosamente, los agresores le permitieron conservar el certificado parcelario, aunque nunca volvió a tener control sobre su tierra. Tiempo después, el terreno fue cercado y se construyó un portón con la leyenda “Izaguirre Ranch”, marcando el cambio de propietario.
Por miedo a represalias y a que su hija pudiera correr peligro, la familia nunca presentó una denuncia ante las autoridades. Con el paso de los años, Don Genaro vivió con miedo constante, lo que, según sus conocidos, pudo haber contribuido a que desarrollara la enfermedad de Parkinson.
El caso resurgió este año cuando el ayuntamiento de Teuchitlán requirió el pago del predial, lo que indicaba que el rancho había sido registrado como propiedad privada. Este cambio de régimen agrario solo puede realizarse a través de una serie de trámites formales, incluyendo la autorización de una asamblea ejidal y la validación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Registro Agrario Nacional. Sin embargo, vecinos y ejidatarios afirman que nunca hubo tal asamblea y que la documentación nunca fue entregada ni sustraída de donde la resguardaba la hija de Don Genaro.
El misterio sobre cómo se logró modificar el estatus legal del rancho sin la autorización del propietario refuerza las sospechas de corrupción y complicidad por parte de las autoridades locales y estatales. Hasta el momento, no se ha esclarecido quién registró la propiedad en el catastro municipal ni cómo se completaron los trámites sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Este caso ilustra la manera en que el crimen organizado no solo se apropia de territorios mediante la violencia, sino que también logra sortear los procesos administrativos con presuntas influencias dentro de las instituciones. Mientras tanto, Don Genaro y su familia siguen sin respuestas ni posibilidades de recuperar el terreno que durante años les perteneció.
