El gobierno de Trump solicita que se disuelvan las órdenes judiciales que bloquean la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros.
El gobierno de Donald Trump ha presentado una apelación para que se disuelvan las órdenes judiciales que impedían la deportación de varios miembros de una pandilla venezolana, conocidos como el Tren de Aragua, a pesar de la intervención del juez federal James Boasberg. El Departamento de Justicia está haciendo esfuerzos por evitar que el juez Boasberg obtenga detalles sobre las deportaciones, específicamente las relacionadas con los vuelos que trasladaron a los presuntos miembros de esta banda hacia El Salvador, asegurando que estas deportaciones ocurrieron antes de que se impusieran las restricciones judiciales. Este caso representa una nueva fase en la intensificación de los intentos del gobierno de Trump de revertir las órdenes judiciales que bloquean una de sus políticas más controvertidas en materia de inmigración.
El juez Boasberg, quien preside el Tribunal Federal del Distrito de Washington, detuvo temporalmente las deportaciones de estos individuos, a quienes el gobierno considera miembros de una organización terrorista, y bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, se busca expulsarlos rápidamente del país. Este estatuto, vigente desde 1798, permite la deportación expedita de personas asociadas con gobiernos hostiles durante tiempos de guerra o invasión. El gobierno de Trump ha defendido que los miembros del Tren de Aragua deben ser considerados como «enemigos extranjeros» debido a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El Departamento de Justicia, sin embargo, se ha mostrado reacio a proporcionar detalles completos sobre los vuelos de deportación, citando razones de seguridad nacional, lo que ha generado tensiones adicionales con el juez Boasberg. Durante una audiencia reciente, los abogados del Departamento de Justicia se negaron a proporcionar información detallada sobre el horario de los vuelos, lo que desató críticas de los abogados de los demandantes, quienes argumentan que el gobierno está evadiendo la rendición de cuentas sobre la posible violación de las resoluciones judiciales.
En un giro aún más agresivo, el Departamento de Justicia solicitó que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia apartara al juez Boasberg del caso, acusándolo de una “microgestión judicial” inapropiada. Además, se pidió suspender el caso para evitar que se revele información sensible sobre las deportaciones. Los abogados de los demandantes han respondido que el juez Boasberg ha estado dispuesto a trabajar con el gobierno, sugiriendo incluso que se tratea la información sensible en una instalación clasificada si fuera necesario.
El gobierno de Trump ha afirmado que las deportaciones son necesarias para salvar la seguridad nacional y combatir lo que considera una invasión del Tren de Aragua en los Estados Unidos. No obstante, se anticipa que el caso será sometido a un mayor escrutinio a medida que avance, con los abogados de los demandantes presentando argumentos en contra de la interpretación del gobierno sobre la Ley de Enemigos Extranjeros.
