Trump enfrenta litigios por sus políticas migratorias mientras su gobierno argumenta que el presidente define la realidad jurídica, desafiando la independencia judicial y utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones.
Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas agresivas en materia de inmigración y seguridad nacional, generando una serie de litigios que desafían los límites del poder ejecutivo. Sin embargo, lo que distingue esta nueva ola de disputas judiciales es la insistencia del gobierno en que las afirmaciones del presidente deben ser aceptadas como verdades jurídicas inapelables, independientemente de la percepción de los jueces o de la evidencia disponible.
Uno de los casos más polémicos ha surgido a raíz de la deportación de cientos de migrantes venezolanos a El Salvador. Un juez había emitido una orden para detener los traslados, pero el gobierno no solo ignoró la directriz, sino que argumentó que el tribunal carecía de autoridad para intervenir, al sostener que los migrantes eran terroristas enviados por el gobierno de Venezuela. Esta afirmación, sin embargo, es altamente cuestionable fuera del ámbito gubernamental.
El patrón de distorsión de los hechos no se limita al caso migratorio. En otros litigios, la administración de Trump ha tomado posiciones engañosas o contradictorias, como negar cualquier vínculo con la iniciativa de desmantelamiento de agencias conocida como DOGE, a pesar de las declaraciones públicas del propio Trump asegurando que Elon Musk lidera el esfuerzo. También ha afirmado obedecer órdenes judiciales de descongelar fondos gubernamentales, mientras que, en la práctica, los bloquea mediante tecnicismos legales.
En el centro del caso migratorio está la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que permite la deportación inmediata de ciudadanos de países hostiles en tiempos de guerra. Trump ha decidido aplicar esta ley para expulsar a presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, sin audiencias individuales de inmigración. El juez James Boasberg bloqueó la medida, pero la administración de Trump apeló rápidamente, alegando que las declaraciones del presidente deben tomarse como hechos jurídicos definitivos.
Trump y sus aliados han defendido su posición asegurando que Tren de Aragua representa una amenaza terrorista con vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, esta caracterización es controvertida. Aunque la organización es responsable de delitos como tráfico de drogas, extorsión y secuestro, no parece tener una motivación ideológica clara, lo que tradicionalmente se requiere para ser considerada un grupo terrorista. Expertos en seguridad han advertido que etiquetar arbitrariamente a grupos criminales como terroristas podría debilitar la credibilidad del término.
El Departamento de Justicia, en su apelación, ha insistido en que las afirmaciones de Trump deben ser consideradas determinaciones fácticas, incluyendo la supuesta relación entre Tren de Aragua y el régimen venezolano. Sin embargo, omiten mencionar que Tareck El Aissami, exgobernador de Aragua y supuesto facilitador del crecimiento del grupo criminal, ya no es parte del gobierno de Maduro y actualmente enfrenta cargos por corrupción en Venezuela.
El juez Boasberg mostró escepticismo ante los argumentos del gobierno y ordenó detener las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. Además, solicitó a las autoridades que hicieran regresar los aviones con migrantes que ya estaban en el aire, aunque esa parte de la orden no fue incluida en la versión escrita.
La administración respondió con una serie de justificaciones para no acatar la orden. En un primer momento, argumentó que la jurisdicción del juez no se extendía al espacio aéreo internacional, pese a que los deportados seguían bajo custodia estadounidense. Luego, sostuvo que los migrantes ya habían sido «expulsados» al salir del territorio estadounidense antes de la emisión de la orden. En otro intento por desestimar la intervención judicial, la Casa Blanca afirmó que los tribunales no tienen autoridad para revisar las decisiones del presidente en asuntos de seguridad nacional y política exterior.
Si bien los jueces históricamente han mostrado deferencia al poder ejecutivo en temas de seguridad, la Corte Suprema ha revisado y, en ocasiones, rechazado acciones presidenciales. La administración de Trump citó un caso de la Segunda Guerra Mundial en el que la Corte Suprema avaló la deportación de un ciudadano alemán bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero ese precedente se dio en un contexto de guerra declarada y sin controversia sobre la nacionalidad del deportado.
El comportamiento de Trump en este caso no es aislado. Desde sus días como empresario, ha construido su imagen a base de afirmaciones exageradas o directamente falsas. Como político, ascendió en el Partido Republicano promoviendo teorías conspirativas, como la idea de que Barack Obama no nació en Estados Unidos. Durante su primer mandato, llegó a hacer más de 30,000 afirmaciones falsas o engañosas, según un conteo del Washington Post.
El litigio actual pone a prueba la capacidad de los tribunales para hacer frente a un presidente que busca imponer su versión de la realidad sobre la base de afirmaciones no verificadas. Como señaló Skye Perryman, abogada de Democracy Forward, «el presidente no es un rey, y todos los estadounidenses deberían estar preocupados por este abuso de poderes de guerra en un contexto donde no estamos en guerra».
