El soterramiento del cableado en la Ciudad de México sigue sin avances concretos. Los legisladores impulsan sanciones a empresas para financiar la transición y reducir la contaminación visual sin afectar el gasto público.
Desde hace décadas, la Ciudad de México enfrenta el desafío de modernizar su infraestructura urbana, especialmente en lo referente al cableado aéreo, que prolifera en sus calles y genera una importante contaminación visual. A pesar de múltiples iniciativas legislativas, el problema persiste, afectando la imagen de la ciudad y representando riesgos para la seguridad de sus habitantes.
En noviembre de 2021, el diputado Jesús Sesma Suárez presentó una iniciativa para expedir la «Ley de Espacio Público y Cableado Soterrado de la Ciudad de México», cuyo objetivo principal era regular el uso del subsuelo y promover el retiro del cableado aéreo. Sin embargo, a pesar de su importancia, la propuesta no ha logrado avanzar significativamente en el proceso legislativo.
En febrero de 2025, el gobierno de la Ciudad de México realizó observaciones a la iniciativa, sugiriendo que las 16 alcaldías fueran las responsables de realizar un inventario del cableado en sus respectivas demarcaciones, con la supervisión de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.
El diputado Sesma ha reiterado la urgencia de abordar este problema, especialmente ante la llegada de eventos internacionales que atraerán a millones de visitantes a la capital. Destacó que la presencia del cableado es tan invasiva que incluso las postales de la ciudad deben ser editadas para ocultarlo.
El problema afecta a toda la ciudad, sin importar el nivel socioeconómico de las colonias. En muchas calles, postes de madera y metal sostienen una maraña de cables, de los cuales, según el legislador, el 75% se encuentra en desuso. Empresas de telecomunicaciones y otros servicios han optado por colocar nuevos cables sin retirar los anteriores, agravando la contaminación visual y los riesgos estructurales.
Para revertir esta situación, la propuesta de Ley de Soterrado contempla sanciones económicas para las empresas que continúen instalando cableado aéreo en lugar de trasladarlo al subsuelo. Aunque no se han especificado los montos de las multas, el diputado enfatizó que serán las propias compañías las responsables de costear la transición, evitando que los recursos públicos se vean afectados.
Sesma insistió en que las empresas deben asumir la responsabilidad de ordenar su infraestructura y colaborar con el gobierno y las alcaldías para mejorar la imagen urbana. No obstante, el avance en la implementación de una política integral de soterramiento ha sido lento, lo que refleja la complejidad del problema.
Casos como el de Chile, donde en 2019 se promulgó una ley que obligaba el soterramiento del cableado, muestran que es posible abordar este desafío con éxito. La Ciudad de México tiene la oportunidad de seguir este ejemplo y avanzar hacia una infraestructura más estética y segura que beneficie a toda la población.
