Trump ha invocado el ‘secreto de Estado’ para impedir que un juez federal acceda a información sobre vuelos de deportación de venezolanos, desafiando una orden judicial y generando tensión política.
El gobierno de Donald Trump ha decidido invocar el ‘secreto de Estado’ para evitar revelar detalles sobre dos vuelos de deportación de migrantes venezolanos enviados a El Salvador. A pesar de una orden judicial que exigía el regreso de los aviones, el Departamento de Justicia ha argumentado que proporcionar más información comprometería la seguridad nacional y futuras operaciones antiterroristas.
El juez federal James E. Boasberg, del Tribunal de Distrito de Washington, lleva más de diez días exigiendo datos sobre estos vuelos para determinar si el gobierno violó su orden de suspensión de las deportaciones. Sin embargo, la administración de Trump ha desafiado abiertamente esta exigencia, alegando que los vuelos transportaban a supuestos miembros del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano. Según el gobierno, divulgar información sobre estas deportaciones podría afectar la confianza de otros países en la discreción de EE.UU. en sus operaciones de seguridad.
Lo inusual de este caso es que el gobierno de Trump ni siquiera ha afirmado que la información sobre los vuelos sea clasificada, sino que ha argumentado que divulgarla afectaría la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas. Tradicionalmente, cuando se invoca el ‘secreto de Estado’, el poder ejecutivo presenta información clasificada en privado ante un juez para justificar su posición. Sin embargo, en esta ocasión, Trump y su equipo se han negado incluso a proporcionar datos a Boasberg en una instalación segura para información confidencial.
La tensión se intensificó cuando el juez reafirmó su orden de bloquear la deportación de los venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite la expulsión rápida de individuos de naciones hostiles en tiempos de guerra. Trump ha argumentado que los venezolanos en cuestión forman parte de una “invasión” bajo el control del gobierno de Venezuela, lo que justificaría su expulsión inmediata. Sin embargo, la comunidad de inteligencia de EE.UU. ha desmentido esta afirmación, asegurando que el Tren de Aragua no opera bajo órdenes del gobierno venezolano.
Los abogados de los migrantes han denunciado que muchos de los deportados no tienen ninguna relación con la banda y que están siendo enviados a una prisión en El Salvador sin un proceso justo. En respuesta, el gobierno ha insistido en que puede deportarlos sin necesidad de pruebas adicionales. La disputa ha llegado hasta un tribunal de apelaciones en Washington, donde se ha discutido si los migrantes pueden impugnar su deportación y bajo qué condiciones.
Uno de los jueces, Patricia Millett, ha sido especialmente crítica con la postura del gobierno, señalando que incluso los ciudadanos alemanes detenidos en EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron derecho a una audiencia antes de ser deportados. Otro juez, Justin Walker, ha sugerido que, en caso de litigio, los migrantes deberían presentar sus casos en los estados donde están detenidos, como Texas, en lugar de Washington.
Mientras la batalla legal continúa, el Departamento de Justicia ha recurrido a diversas estrategias para obstaculizar la intervención del juez Boasberg, incluyendo una solicitud para apartarlo del caso. La invocación del ‘secreto de Estado’ ha llevado este conflicto a un nivel sin precedentes, pues históricamente este mecanismo se ha utilizado solo cuando la divulgación de información representaba un riesgo claro para la seguridad nacional. Sin embargo, en esta ocasión, se teme que el gobierno de Trump esté usándolo como un escudo para evadir el control judicial.
La situación sigue sin resolverse y plantea serias dudas sobre el equilibrio de poderes en EE.UU., ya que el ejecutivo ha tomado medidas que desafían directamente la autoridad del poder judicial. El resultado de este enfrentamiento podría sentar un precedente sobre hasta qué punto un presidente puede invocar la seguridad nacional para evitar el escrutinio legal de sus acciones.
