El gobierno de Trump despliega tropas y vehículos blindados en la frontera con México, generando preocupación por posibles abusos y consecuencias legales.
El gobierno de Donald Trump ha intensificado la presencia militar en la frontera con México, implementando medidas que convierten la franja fronteriza en una zona de seguridad militar. Con este despliegue, los soldados podrían detener a migrantes, una acción que ha generado preocupación por sus implicaciones legales y humanitarias.
Desde el miércoles 26 de marzo, medios locales en El Paso y Big Bend, en Texas, reportaron la llegada de vehículos blindados Stryker y una brigada de infantería mecanizada con 4,400 efectivos, además de un batallón aéreo de 650 soldados con helicópteros Black Hawk y Chinook. Con estas unidades, el número de tropas en la frontera ha superado los 9,000 elementos desde el 22 de enero, apenas dos días después de la toma de posesión de Trump.
Si bien la ley Posse Comitatus prohíbe que militares en activo realicen funciones policiales dentro del país, el gobierno de Trump busca establecer la franja fronteriza como una zona de seguridad militar, lo que permitiría detener a quienes la crucen sin autorización, bajo el argumento de que estarían ingresando a un territorio controlado por el Ejército.
Un plan de gran alcance en la frontera sur
De acuerdo con una investigación de The Washington Post, publicada el 19 de marzo, el plan de Trump contempla utilizar la Reserva Roosevelt, una franja de 18 metros de ancho que podría extenderse a lo largo de 1,100 kilómetros, desde Ciudad Juárez hasta San Diego. Inicialmente, la militarización se concentrará en Nuevo México, con la posibilidad de expandirse a Arizona y California.
Cabe recordar que durante el primer mandato de Trump (2017-2021), la jurisdicción de esta reserva fue transferida temporalmente del Departamento del Interior al Departamento de Defensa para facilitar la construcción del muro fronterizo. Ahora, el nuevo plan ampliaría significativamente el rol de los militares en la seguridad fronteriza.
A pesar de que la propuesta aún no ha sido aprobada formalmente por Trump, el Departamento de Defensa ha advertido que la intervención directa de soldados en asuntos civiles podría derivar en consecuencias legales.
Críticas y preocupaciones sobre la militarización
Diversos sectores han cuestionado la eficacia y legalidad de esta estrategia. Expertos en seguridad y derechos humanos advierten que el uso de tropas y equipo militar diseñado para la guerra podría generar abusos contra migrantes y más muertes en la frontera.
En Estados Unidos, autoridades estatales han expresado su rechazo. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, calificó el plan como un “desperdicio de recursos y personal”, señalando que los fondos deberían destinarse a investigaciones contra el crimen organizado.
Por su parte, el congresista Gabe Vásquez, cuyo distrito incluye parte de la frontera, consideró que la medida es “imprudente y derrochadora”, y pidió que el Ejército se enfoque en amenazas internacionales reales.
La nueva estrategia de Trump contra los cárteles
El gobierno de Trump ha dado un papel central al Departamento de Defensa en la seguridad fronteriza. El 11 de marzo, el Pentágono anunció un “giro estratégico” al considerar a los cárteles del narcotráfico como amenazas terroristas, equiparándolos con China y Rusia dentro de sus prioridades de seguridad nacional.
Como parte de este plan, se han habilitado once bases militares a lo largo de la frontera, incluyendo Fort Huachuca, Arizona, para el resguardo de migrantes detenidos. La administración justifica estas acciones como un esfuerzo para cerrar las “zonas grises” que los cárteles han aprovechado durante décadas.
Mientras Trump avanza con esta política, las preocupaciones sobre los impactos humanitarios y legales siguen creciendo, con el riesgo de que la militarización de la frontera agrave la crisis migratoria y la relación con México.
