Más de diez aspirantes a jueces y magistrados en México enfrentan cuestionamientos por su pasado, marcado por acusaciones de acoso, narcotráfico y otros delitos, lo que genera dudas sobre los procesos de selección.
Un fuerte debate se ha desatado en torno a la selección de jueces y magistrados en México, luego de que se revelara que más de diez aspirantes a estos cargos poseen antecedentes polémicos, que incluyen acusaciones de acoso sexual, vínculos con el narcotráfico y decisiones judiciales cuestionables. La controversia ha puesto en entredicho la transparencia de los procesos de selección y la idoneidad de quienes buscan ocupar puestos clave en la impartición de justicia.
Uno de los casos más notorios es el de Francisco Martín Hernández Zaragoza, exjuez de distrito destituido en 2015 tras ser acusado de acoso sexual. Su destitución fue ratificada por la Suprema Corte en 2017, sin embargo, ahora aparece en la lista de candidatos para un nuevo cargo.
Otro aspirante es Fernando Escamilla Villarreal, quien representó legalmente a figuras del crimen organizado como Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, exlíder de Los Zetas, y Eleazar Medina Rojas, alias El Chelelo, vinculado al Cártel del Golfo.
Jesús Humberto Padilla Briones busca un puesto en Nuevo León pese a haber sido detenido en 2023 por presunta posesión de arma de fuego y narcomenudeo. En Jalisco, Job Daniel Wong Ibarra genera polémica por su cercanía con la Iglesia La Luz del Mundo y su defensa del exlíder Naasón Joaquín García, condenado por abuso sexual de menores.
En Sonora, colectivos feministas rechazan la candidatura de Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, a quien señalan por irregularidades en la muerte de una joven en un penal bajo su supervisión. Asimismo, Andrés Montoya García enfrenta cuestionamientos por su relación con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005.
Otras candidaturas incluyen a Jacqueline Silva Betancourt, acusada de acoso laboral; Margarita Garzón Munguía, quien estuvo involucrada en un atropellamiento fatal; y María del Socorro Pérez Córdova, removida en 2017 por liberar a presuntos violadores bajo argumentos cuestionables.
A pesar de los antecedentes de los postulantes, continúan en la lista de aspirantes a jueces y magistrados, lo que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad. La falta de filtros rigurosos y la opacidad en los procesos de selección han encendido alarmas sobre la integridad del sistema judicial y la confianza en quienes imparten justicia en el país.
