La defensa de Ismael «El Mayo» Zambada pidió reprogramar la audiencia de abril para junio, en medio de negociaciones que podrían evitar el juicio.
Los abogados de Ismael «El Mayo» Zambada solicitaron posponer la audiencia de su cliente, originalmente programada para el 22 de abril de 2025. Según el documento dirigido al juez Brian Cogan, la nueva fecha propuesta es el 16 de junio, aunque aún no está confirmada. La petición se debe a un conflicto de programación entre la defensa y la fiscalía, lo que llevó a ambas partes a buscar alternativas con el delegado de sala del juez.
Además del cambio de fecha, la defensa y la fiscalía han estado en conversaciones sobre la posibilidad de alcanzar una resolución antes del juicio. Se ha intercambiado material de descubrimiento, lo que sugiere que ambas partes buscan un acuerdo que podría modificar el rumbo del caso.
Uno de los puntos clave en la estrategia legal de Zambada es la posible eliminación de la pena de muerte. Su abogado, Frank Pérez, declaró el pasado 24 de febrero que su cliente estaría dispuesto a declararse culpable de un cargo que no implique dicha condena. Juan Manuel Delgado, otro de sus asesores legales, confirmó en una entrevista que Zambada podría admitir culpabilidad en dos de los 17 cargos que enfrenta en Brooklyn, Nueva York, siempre y cuando esto garantice que no se le aplique la pena capital.
Zambada fue detenido en julio de 2024 en Estados Unidos, en circunstancias que algunos han calificado como un posible secuestro. Durante la misma operación, también fue arrestado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán y presunto líder de la facción de «Los Chapitos». En territorio estadounidense también se encuentra Ovidio Guzmán, hermano de Joaquín, quien fue extraditado en septiembre de 2023 tras su captura en Sinaloa, México.
Las autoridades estadounidenses acusan al Cártel de Sinaloa de ser uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia su territorio, un opioide que ha desatado una crisis de salud pública en el país vecino. En este contexto, la posible resolución del caso de Zambada antes del juicio podría representar un giro significativo en la lucha contra el crimen organizado.
