El gobierno busca fortalecer la identificación y localización de personas desaparecidas con una reforma que amplía el uso de la CURP, crea nuevas bases de datos y establece sanciones para empresas que no colaboren.
Ante la crisis de desapariciones en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, con el objetivo de mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación de personas. La propuesta busca consolidar bases de datos nacionales, ampliar el uso de la CURP y establecer sanciones para quienes obstaculicen la localización de desaparecidos.
Uno de los cambios más relevantes es la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, la cual será operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualizada en tiempo real por las fiscalías. Además, se plantea la Plataforma Única de Identidad, que centralizará la CURP con datos biométricos, convirtiéndola en la clave principal para acceder a registros públicos y privados.
Acceso a datos privados y sanciones para empresas
La reforma también contempla que instituciones privadas, como bancos, empresas de transporte, hospitales y compañías de telecomunicaciones, permitan el acceso inmediato a sus registros cuando las autoridades lo requieran en investigaciones de desaparición. Además, se obliga a aquellas entidades que resguarden cuerpos o restos humanos a integrarlos en un registro actualizado dentro del Banco Nacional de Datos Forenses.
En caso de incumplimiento, las empresas enfrentarán multas de hasta 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 2 millones 200 mil pesos.
Reducción de condenas para responsables de desapariciones
Otro aspecto clave de la iniciativa es la reducción de condenas para personas involucradas en desapariciones, siempre y cuando colaboren con la justicia. La disminución de penas variará según la información que proporcionen:
- Liberación espontánea de la víctima en 10 días: reducción de hasta dos terceras partes de la condena.
- Información para localizar a la víctima con vida: reducción de hasta dos terceras partes.
- Información que permita encontrar un cadáver: reducción de hasta una tercera parte.
- Datos para esclarecer el caso o identificar responsables: reducción de hasta una cuarta parte.
Además, aquellos que no participaron directamente en la privación de la libertad o la vida de la víctima, pero que proporcionen información clave, podrían enfrentar hasta 12 años de prisión y multas económicas.
Nuevos datos en la CURP
La reforma también modifica la Ley General de Población para fortalecer la CURP como herramienta de identificación. Se añadirá información biométrica como huellas dactilares y fotografías, además de datos personales como nombre, fecha de nacimiento, género, lugar de nacimiento y nacionalidad.
Estos cambios buscan consolidar una plataforma eficiente para rastrear a personas desaparecidas, vinculando la CURP con sistemas de salud, registros nacionales y bases de datos forenses.
Con estas modificaciones, el gobierno federal espera optimizar la búsqueda y localización de desaparecidos, utilizando tecnología y mayor acceso a información para combatir esta crisis humanitaria.
