México encabeza los llamados de la ONU por desapariciónes forzadas, con 681 acciones urgentes emitidas hasta septiembre de 2024, superando incluso a países en conflicto como Irak.
México ha sido señalado por el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el país con mayor número de acciones urgentes emitidas para la localización de personas desaparecidas. Hasta septiembre de 2024, el organismo internacional había emitido 681 solicitudes de este tipo dirigidas al gobierno mexicano, una cifra superior a la registrada en cualquier otra nación.
Este número coloca a México por encima de Irak, un país que históricamente ha enfrentado contextos de violencia, conflictos armados y guerras, y que hasta ese mismo mes acumulaba 608 acciones urgentes por parte del comité.
De acuerdo con el diario El Universal, el informe del CED detalla que la mayor parte de estas solicitudes se emitieron durante la administración de Enrique Peña Nieto, con un total de 349. Sin embargo, durante el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador también se contabiliza un número muy cercano: 332 peticiones.
Michael Chamberlin, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), comentó que en el caso de México se presenta una situación preocupante. Señaló que mientras más acciones urgentes emite el comité, menos frecuente parece ser la reacción del Gobierno Federal, lo que genera la necesidad de explorar nuevas medidas más efectivas para enfrentar el problema.
Chamberlin también explicó que el comité de la ONU reconoce que existe en el país una situación generalizada de desapariciones forzadas, aunque admite que no tiene herramientas directas para intervenir. Por ello, uno de sus objetivos es evidenciar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que este fenómeno debe ser considerado como un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.
Este contexto refleja una problemática estructural y profunda en el país, y pone en evidencia la urgencia de emprender acciones coordinadas, efectivas y sostenidas que vayan más allá de las respuestas formales ante organismos internacionales.
