El gobierno de Trump planea cancelar números de seguridad social a migrantes, impidiéndoles acceder a servicios financieros y prestaciones públicas clave.
El gobierno del expresidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria mediante una medida sin precedentes: la cancelación de números de seguridad social a miles de migrantes, muchos de los cuales obtuvieron ese documento de forma legal. La iniciativa, según documentos revisados por The New York Times, forma parte de una estrategia para presionar a estas personas a que abandonen voluntariamente el país, al eliminarles acceso a servicios financieros fundamentales como cuentas bancarias, tarjetas de crédito y beneficios públicos.
La nueva táctica del gobierno implica incluir los nombres de estos migrantes en el “archivo maestro de defunción” del Seguro Social, un registro históricamente reservado para personas fallecidas. De esta forma, se les trataría como si estuvieran muertos a nivel administrativo, bloqueando su capacidad para realizar transacciones económicas básicas. Esta lista fue ampliada esta semana con más de 6,300 migrantes cuyo estatus legal fue recientemente revocado. Las autoridades justifican la inclusión inicial afirmando que estos individuos tienen antecedentes penales o figuran como “presuntos terroristas”, aunque no se ha detallado cómo se determina esa clasificación.
Entre los incluidos en la lista hay menores de edad, incluido un niño de 13 años, lo que ha generado alarma entre funcionarios y empleados de la Administración del Seguro Social (SSA). El comisionado interino de esta agencia, Leland Dudek, afirmó en un correo interno que estas personas verían “terminadas sus vidas financieras”. Expertos advierten que este tipo de errores podría causar consecuencias devastadoras, como la ejecución de hipotecas o el cierre de cuentas bancarias, y que el proceso de “resurrección” para corregir estos errores es lento y complejo.
La Casa Blanca, por medio de su vocera Elizabeth Huston, defendió la medida como parte de la promesa de Trump de implementar deportaciones masivas, argumentando que eliminar los incentivos económicos fomentará la “autodeportación”. La decisión ha sido impulsada por Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), alineado con las ideas del presidente sobre inmigración. Musk ha promovido teorías no verificadas sobre fraude migratorio y su supuesta influencia en el sistema de prestaciones sociales.
En paralelo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha accedido a datos protegidos del Seguro Social, incluyendo las últimas direcciones registradas de miles de personas. Esta información, previamente restringida por leyes de privacidad, ahora se comparte libremente entre agencias federales, en una muestra del nuevo enfoque integrador de bases de datos del gobierno de Trump. Varios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos renunciaron esta semana luego de que la agencia aceptara colaborar en la localización de migrantes.
Además, se han revelado detalles preocupantes sobre los responsables de implementar estas políticas. Uno de ellos, Marko Elez, ingeniero del DOGE, fue reincorporado a pesar de estar vinculado a publicaciones racistas en redes sociales que promovían una visión migratoria basada en la eugenesia. Otros funcionarios involucrados han sido acusados de actuar sin experiencia suficiente, como un recién graduado universitario que accedió al sistema del Seguro Social en febrero.
La medida también ha encendido alarmas legales. Expertos aseguran que el uso de estos datos podría violar normativas federales sobre privacidad y fiscalidad. Hasta ahora, la SSA no ha desarrollado un sistema alternativo para etiquetar a estas personas como inelegibles sin asignarles una “fecha de defunción”, lo que agrava el riesgo de errores con graves implicaciones.
El excomisionado Martin O’Malley calificó la medida como “asesinato financiero”, mientras que otros exfuncionarios del Seguro Social advierten que convertir a la agencia en un brazo ejecutor de políticas migratorias representa un cambio alarmante en su misión histórica. Aun así, desde la Casa Blanca se insiste en que se trata de un paso clave hacia el cumplimiento de la agenda migratoria del actual gobierno.
