Perú enfrenta una nueva tragedia en Pataz: 13 trabajadores fueron hallados muertos en una mina vinculada a la minería ilegal y la violencia por el control del oro.
En una región marcada por la violencia y los conflictos por el control del oro, la tragedia golpeó nuevamente a la provincia de Pataz, en el norte de Perú. Trece trabajadores fueron encontrados muertos en una mina subterránea operada por la empresa La Poderosa, la más grande del país, según confirmó la presidenta Dina Boluarte. Este hallazgo reaviva la alarma sobre el avance de la minería ilegal y la presencia de organizaciones criminales que se disputan violentamente el acceso al preciado mineral.
Los trabajadores asesinados pertenecían a una explotación minera informal que operaba bajo contrato con La Poderosa. Un video que circula en redes sociales —aunque aún no ha sido autenticado por la policía— muestra a los hombres con los ojos vendados, desnudos, y recibiendo disparos en la nuca dentro de un pozo. La empresa denunció que un grupo armado secuestró a los trabajadores el 26 de abril. La policía informó que detuvo a dos sospechosos con armas y municiones, presuntamente involucrados en los asesinatos.
La indignación crece entre los familiares de las víctimas, quienes acusan a las autoridades de inacción. Abraham Domínguez, padre de una de las víctimas, denunció que no fue la policía quien localizó los cuerpos, sino las rondas campesinas, grupos de autodefensa locales conocidos como “ronderos”. En declaraciones a medios locales, pidió justicia y lamentó que su hijo, lleno de aspiraciones, haya sido brutalmente asesinado.
Perú, segundo productor de oro de América Latina y décimo a nivel mundial, enfrenta un serio problema con la minería ilegal, especialmente en zonas remotas como Pataz. Durante la pandemia, bandas criminales tomaron el control de minas abandonadas, lo que derivó en enfrentamientos letales. La legislación vigente permite que los mineros artesanales registrados operen sin ser desalojados, lo que ha sido utilizado como resquicio legal por operadores ilegales.
La empresa La Poderosa responsabilizó en parte al Congreso por haber extendido el plazo para la formalización de mineros informales y criticó al Ejecutivo por no eliminar a los mineros no autorizados del registro oficial. Advirtió que Pataz se ha transformado en un “territorio sin ley”, donde imperan el terror y la impunidad.
No es la primera vez que la violencia sacude esta región: en diciembre pasado, nueve personas murieron en una emboscada minera, y en octubre se hallaron 16 cadáveres en una fosa común. Además, mientras se buscaba a los 13 desaparecidos, la policía liberó a 50 trabajadores secuestrados en otra mina de la empresa Caravelí.
Frente a esta nueva masacre, el gobierno decretó un toque de queda nocturno en el distrito de Pataz y suspendió toda actividad minera en la zona por 30 días. Asimismo, se instalará una base militar para intentar restablecer el orden. No obstante, el alcalde provincial, Aldo Carlos Mariño, criticó la efectividad del estado de excepción vigente desde hace un año y exigió mayor inteligencia y acción efectiva contra las bandas criminales. “La provincia de Pataz está ensangrentada”, declaró, exigiendo respuestas inmediatas frente a una violencia que no da tregua.
