INAI enfrenta una controversia constitucional presentada por Marco Bonilla, quien argumenta que la reciente reforma vulnera la autonomía municipal establecida en la Constitución.
El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reciente reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Según el edil, esta normativa representa una amenaza directa a la autonomía de los municipios, como la que garantiza el Artículo 115 de la Constitución, que establece que los gobiernos municipales deben ser libres para administrar sus propios recursos y estructuras sin interferencia de los poderes estatales o federales.
Bonilla y su equipo jurídico reconocieron que el propósito de la ley, centrado en promover la transparencia y el acceso a la información, es legítimo. No obstante, consideran que su aplicación impone lineamientos y sanciones que no se ajustan a la realidad operativa, administrativa y presupuestaria de muchos municipios, especialmente aquellos con menos recursos y capacidades técnicas. Esto, afirman, viola los principios del federalismo cooperativo que deberían regir la relación entre los distintos niveles de gobierno.
El alcalde enfatizó que su administración no está en contra del derecho a la transparencia, sino que lo apoya plenamente. Sin embargo, insistió en que dicho derecho debe ejercerse de manera que no menoscabe la autonomía municipal ni se imponga desde una lógica centralista que ignora las particularidades locales y las facultades legales que poseen los gobiernos municipales.
Un punto clave en esta polémica es la eliminación del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y otros órganos locales de transparencia, como resultado de la implementación de la nueva ley. Bonilla sostiene que esto debilita la supervisión a nivel local y recentraliza funciones que deberían permanecer cercanas a la ciudadanía.
Finalmente, pidió a la Suprema Corte actuar con sensatez, ponderando el equilibrio entre la transparencia y la autonomía municipal, para garantizar que el derecho a la información no se convierta en una vía de imposición política o administrativa que afecte la organización legítima de los gobiernos locales.
