México envía a Caro Quintero y otros narcotraficantes a EE.UU. sin el proceso formal de extradición, lo que deja abierta la posibilidad de que sean condenados a pena de muerte.
México ha sorprendido con un giro en su política de cooperación judicial con Estados Unidos al trasladar a 29 figuras del narcotráfico sin seguir el proceso tradicional de extradición. Entre ellos se encuentra Rafael Caro Quintero, histórico líder del Cártel de Guadalajara, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique «Kiki» Camarena, en 1985. La diferencia clave en esta decisión es que, al no haber sido extraditados formalmente, los criminales no cuentan con la protección habitual contra la pena de muerte, lo que abre la puerta a posibles ejecuciones en Estados Unidos.
Este cambio representa una ruptura con la postura que México ha mantenido durante décadas, en la que exigía que sus ciudadanos no fueran condenados a la pena capital como condición para su entrega a la justicia estadounidense. El tratado de extradición vigente entre ambos países establece que ninguna persona puede ser ejecutada si la pena de muerte no es parte del sistema legal de su país de origen, lo que ha sido una barrera para Estados Unidos en casos previos. Sin embargo, al utilizar una ley de seguridad nacional para los traslados, el gobierno mexicano evitó el proceso formal y dejó en manos de las autoridades estadounidenses la decisión sobre las sentencias que podrían enfrentar los acusados.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una estrategia más agresiva en la lucha contra el crimen organizado, marcando una diferencia con la política de «abrazos, no balazos» promovida por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. En este nuevo enfoque, el traslado de estos criminales es visto como una señal de cooperación más firme con Estados Unidos. Además de esta medida, Sheinbaum ha desplegado más de 10,000 soldados en la frontera con EE.UU. y en el estado de Sinaloa, una de las principales zonas de producción y tráfico de drogas.
La cuestión ahora es cómo responderá México si los fiscales estadounidenses deciden solicitar la pena de muerte para algunos de los criminales trasladados. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, ha afirmado que los narcotraficantes enviados a EE.UU. no podrán ser ejecutados, aunque no explicó los mecanismos que garantizarían esa protección.
El traslado de los narcotraficantes se negoció inicialmente durante la administración de Joe Biden, pero el acuerdo final fue concretado por el gobierno de Donald Trump después de la toma de posesión de Sheinbaum. Trump ha sido un firme defensor de la pena de muerte para criminales violentos y narcotraficantes, lo que sugiere que su administración podría buscar la aplicación de esta medida en estos casos.
Estados Unidos ha disminuido significativamente el número de ejecuciones en los últimos años, aunque la pena de muerte sigue siendo un tema divisivo. Mientras que la administración de Biden impuso una moratoria sobre las ejecuciones federales, Trump ha sido un ferviente promotor de esta práctica, e incluso durante su campaña para 2024 expresó su deseo de aplicar la pena capital a narcotraficantes y traficantes de personas.
El caso de Caro Quintero es especialmente simbólico. Luego de haber sido liberado en México en 2013 por un tecnicismo legal, fue recapturado en 2022 y su traslado a EE.UU. representa un triunfo para las agencias de seguridad estadounidenses. Su abogado ya ha anticipado que lucharán en todas las instancias legales para evitar una posible condena a muerte, lo que podría derivar en una batalla judicial prolongada.
Aún falta que los fiscales estadounidenses confirmen si buscarán la pena de muerte para Caro Quintero y otros capos trasladados. Sin embargo, con el cambio en la política mexicana y el enfoque más punitivo del gobierno de Trump, el panorama para estos narcotraficantes podría volverse mucho más complicado que en años anteriores.
