La posible designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Donald Trump genera preocupación en el sector bancario y empresarial de México, con implicaciones que podrían extenderse a diversas industrias.
La reciente propuesta de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha suscitado serias preocupaciones en el sector bancario de México. Los bancos temen las repercusiones de financiar inadvertidamente actividades ilícitas y las severas sanciones a las que podrían enfrentarse, lo que podría crear un efecto amedrentador en las firmas financieras y otras empresas.
Según exfuncionarios, el sector bancario mexicano, dominado por un puñado de empresas extranjeras, podría adoptar un enfoque más conservador en la concesión de préstamos y servicios, restringiendo su actividad en áreas relacionadas con el narcotráfico, como la minería, ganadería, transporte y agricultura. Sandro García, exalto funcionario de lavado de dinero del regulador bancario de México, afirmó: “Es un desafío para el sistema financiero como nunca antes se ha visto”.
Trump ha prometido etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras para combatir un tráfico de drogas que causa la muerte de alrededor de 100,000 estadounidenses al año. Los bancos están preocupados por los riesgos de financiar actividades ilícitas y las sanciones financieras, lo que podría llevar a una reducción en su participación en transacciones, incluso si están a varios niveles de distancia de las mismas.
El sistema bancario mexicano tiene una cartera de préstamos de 7.5 billones de pesos y procesa alrededor de 14 millones de transferencias interbancarias diarias. Aunque las autoridades han indicado que solo una pequeña parte de estas transacciones está vinculada directamente al narcotráfico, es difícil calcular el impacto de aquellos que pagan tarifas de protección o rescates.
Implicaciones Más Allá de la Banca
Las implicaciones de esta designación se extienden más allá del sector bancario. Los cárteles tienen influencia en vastas áreas de México, involucrándose en redes de extorsión y empresas fachada. Dependiendo de cómo se aplique la nueva orden, podría afectar sectores como el inmobiliario, la venta de gasolina, servicios de seguridad y manufactura, que podrían estar pagando protección o tratando con proveedores vinculados a actividades criminales.
Una encuesta de la Cámara Americana de Comercio de México reveló que seis de cada diez empresas se sienten afectadas por la delincuencia, y el 12% indicó que el crimen organizado controla parcialmente la venta, distribución o precios de sus productos. Paul Craine, exdirector de la DEA en México, advirtió que esto podría tener un “impacto sísmico” en los negocios y la política en el país.
Riesgos y Nuevas Regulaciones
La designación podría llevar a que las empresas incurran en infracciones si proporcionan “apoyo material” a organizaciones terroristas extranjeras. Esto implica que cualquier empresa que pague protección o negocie con empresas fachada de los cárteles podría estar bajo vigilancia. Según Craine, la carga de la prueba es más baja con esta designación.
Trump ha señalado que los cárteles operan como “entidades cuasi gubernamentales” en algunas partes de México, y sus actividades amenazan la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad regional. Aunque no se mencionan cárteles específicos, la designación podría facilitar acciones más agresivas contra sus operaciones.
Otras Consideraciones
La industria de remesas también podría verse afectada, ya que los inmigrantes envían más de 60 mil millones de dólares al año a México, representando casi el 4% del PIB del país. Las transferencias de dinero podrían ser examinadas más de cerca, especialmente aquellas que se envían a familiares para pagar a traficantes de migrantes vinculados a los cárteles.
El America First Policy Institute ha señalado que estas designaciones permitirían al gobierno estadounidense congelar y confiscar activos vinculados a los cárteles, lo que podría paralizar sus operaciones y afectar el crecimiento económico en ambos países.
Arturo Sarukhan, exembajador de México en Estados Unidos, advirtió que aunque hay empresas fachada del crimen organizado, la red es tan amplia que cualquier acción podría tener repercusiones significativas en la economía mexicana.