Funcionarios de Trump buscaron mantener en El Salvador a Abrego Garcia, deportado por error, ignorando órdenes judiciales y promoviendo acusaciones infundadas sobre la MS-13.
La deportación de Kilmar Armando Abrego Garcia, residente de Maryland, se convirtió en el centro de un polémico debate dentro del gobierno del expresidente Donald Trump, tras confirmarse que fue enviado erróneamente a El Salvador a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su expulsión a ese país. Esta decisión provocó una ola de discusiones entre funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Estado, donde todos coincidían en que se había cometido un error, pero no lograban acordar cómo actuar.
Pese al reconocimiento interno del fallo, altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional contemplaron tácticas para minimizar las consecuencias, entre ellas, difundir que Abrego Garcia era un líder de la pandilla MS-13, a pesar de no contar con pruebas concretas. También se discutió la posibilidad de anular la orden judicial que impedía su deportación. Mientras tanto, Erez Reuveni, un abogado de alto rango del Departamento de Justicia, insistía en que lo correcto era traer de vuelta a Abrego Garcia. Por esta postura fue posteriormente despedido, acusado de no defender suficientemente los intereses del país.
Los documentos obtenidos por The New York Times ofrecen un vistazo a cómo altos funcionarios intentaron evitar que el caso escalara públicamente. Las comunicaciones internas revelan que se consideraron diversas estrategias para justificar la permanencia de Abrego Garcia en El Salvador, incluso fabricando vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, esas afirmaciones carecían de respaldo: los registros solo lo identificaban como “miembro verificado” de MS-13, una calificación que no equivale a liderazgo ni implica condena judicial.
El caso tomó especial relevancia porque amenazaba con debilitar otras iniciativas de deportación masiva impulsadas por Trump, como el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos a la misma prisión salvadoreña. Los tribunales, incluida la Corte Suprema, ordenaron acciones para facilitar la liberación de Abrego Garcia, pero el gobierno fue reticente a obedecer.
El episodio comenzó el 12 de marzo, cuando agentes de inmigración detuvieron a Abrego Garcia al salir de su trabajo, sin considerar que estaba protegido por una orden judicial desde 2019, que prohibía su deportación a El Salvador por riesgo de persecución. Fue incluido a última hora en un vuelo de deportación. Cuando su esposa presentó una demanda para exigir su regreso, el gobierno empezó a debatir internamente cómo manejar la crisis.
Las tensiones escalaron cuando Reuveni, actuando conforme a los procedimientos legales establecidos, abogó por reconocer el error ante el tribunal y repatriar a Abrego Garcia. Su postura generó fricción con otros funcionarios que, según los documentos, intentaban mantener al migrante fuera del alcance del sistema judicial estadounidense. Tras expresar estas preocupaciones ante la jueza federal Paula Xinis, Reuveni fue suspendido y despedido poco después.
Durante las audiencias judiciales, se ventiló que los supuestos vínculos del migrante con pandillas se basaban en elementos tan triviales como su ropa deportiva y testimonios vagos. Además, había evidencia de que huyó de El Salvador tras ser amenazado por la pandilla Barrio 18, que extorsionaba el negocio de pupusas de su familia. A pesar del riesgo reconocido por un juez de inmigración en 2019, funcionarios del DHS minimizaron su vulnerabilidad y pusieron en duda la presencia de Barrio 18 en la prisión donde fue enviado, a pesar de recibir confirmación oficial de su presencia allí.
La jueza Xinis ordenó el regreso inmediato del migrante, pero la Casa Blanca impugnó la decisión y llevó el caso a la Corte Suprema, que instó al gobierno a facilitar su liberación. No obstante, hasta la fecha, Abrego Garcia sigue preso en El Salvador.
El despido de Reuveni provocó indignación entre sus colegas, varios de los cuales renunciaron como protesta, acusando a la administración de Trump de intimidar a los abogados gubernamentales para que antepongan objetivos políticos sobre sus deberes éticos. Según uno de ellos, el caso expuso una “posición imposible” entre cumplir con la ley o seguir una agenda partidista.
