China ejecutó a cuatro canadienses condenados por delitos de drogas, a pesar de los reiterados pedidos de clemencia de Canadá. El gobierno de Ottawa condenó enérgicamente las ejecuciones, lo que agrava aún más las tensiones diplomáticas entre ambos países.
Las relaciones diplomáticas entre Canadá y China atraviesan un nuevo episodio de tensión tras la ejecución de cuatro ciudadanos canadienses en territorio chino por delitos relacionados con el narcotráfico. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, expresó su condena enérgica ante los hechos y reiteró que su gobierno continuará abogando por la clemencia de otros ciudadanos canadienses que enfrentan la pena de muerte en China.
Joly reveló que en los últimos meses tanto ella como el ex primer ministro Justin Trudeau habían intervenido para solicitar el indulto a Pekín, pero sus esfuerzos fueron en vano. The Globe and Mail fue el primer medio en informar sobre las ejecuciones, citando fuentes del Departamento de Asuntos Globales de Canadá, que confirmó que las sentencias fueron aplicadas a principios de este año.
Aunque la embajada china en Ottawa no proporcionó detalles específicos sobre los casos, defendió la dureza de las penas impuestas a los delitos de drogas, señalando que los procedimientos se llevaron a cabo conforme a la legislación vigente. John Kamm, fundador de la Fundación Dui Hua, organización dedicada a la defensa de personas condenadas a muerte en China, indicó que había intentado interceder por los cuatro canadienses, pero no pudo divulgar sus identidades debido a razones de privacidad.
Se sabe que los cuatro ejecutados eran hombres y que sus casos fueron procesados en la provincia sureña de Guangdong. Según Kamm, las sentencias estuvieron bajo revisión judicial durante dos años antes de ser ejecutadas, un hecho que calificó como poco común, ya que China rara vez aplica la pena capital a varios extranjeros en un corto período de tiempo.
La relación entre Canadá y China ha sido tensa desde 2018, cuando el gobierno chino arrestó a los canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig en aparente represalia por la detención en Vancouver de Meng Wanzhou, alta ejecutiva de la empresa de telecomunicaciones Huawei, a petición de Estados Unidos. La detención de Spavor y Kovrig fue vista en Canadá como una forma de “diplomacia de rehenes”. Ambos fueron liberados en 2021, el mismo día en que Meng regresó a China tras alcanzar un acuerdo con el gobierno estadounidense.
En los últimos años, Canadá ha endurecido su postura frente a China, con críticas crecientes hacia las políticas de derechos humanos del gobierno de Xi Jinping y preocupaciones sobre su influencia en la política canadiense. Más recientemente, el gobierno de Trudeau impuso aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos chinos, en una medida alineada con las restricciones comerciales de Estados Unidos.
Las ejecuciones también reavivan la preocupación por el destino de otros canadienses en el sistema judicial chino. Entre ellos, destaca el caso de Robert Lloyd Schellenberg, condenado inicialmente a 15 años de prisión por tráfico de drogas, pero cuya pena fue aumentada a muerte en 2019, poco después de la detención de Meng. Organismos de derechos humanos han advertido que los extranjeros en China enfrentan un alto riesgo de detenciones arbitrarias y juicios con garantías limitadas.
Desde la perspectiva de expertos en política internacional, el momento en el que se llevaron a cabo las ejecuciones podría responder a un intento de Pekín por mantener presión sobre Canadá en medio de las negociaciones bilaterales. Según Lynette Ong, profesora de política china en la Universidad de Toronto, aunque se esperaba cierta distensión en las relaciones tras la liberación de los “dos Michaels”, lo sucedido demuestra que la normalización de los lazos sigue siendo lejana.
Por ahora, el gobierno de Canadá insiste en que continuará sus esfuerzos diplomáticos para proteger a otros ciudadanos que enfrentan penas extremas en China, aunque la negativa de Pekín a conceder clemencia sugiere que la postura del gigante asiático sobre la pena de muerte no cambiará en el corto plazo.
