Ocupantes ilegales del rancho invadido en Chapopote Núñez comercializan terrenos en 10 mil pesos, mientras autoridades siguen sin actuar pese a denuncias formales.
A más de dos semanas de que integrantes del Movimiento de Liberación Veracruzana invadieran un predio privado en la comunidad de Chapopote Núñez, en el municipio de Álamo Temapache, la situación se ha agravado con la venta ilegal de terrenos por parte de los ocupantes, quienes ofrecen lotes de 300 metros por 10 mil pesos, sin ningún respaldo legal.
El rancho, propiedad de las hermanas Katyna, Alexa y Mara Quintana —herederas de Francisco Javier Quintana Fernández—, se encuentra actualmente ocupado por personas armadas con machetes, cuchillos y armas de fuego, según lo evidencian imágenes y videos aéreos obtenidos por la familia afectada. En uno de los registros visuales, se observa cómo los invasores incluso disparan contra un dron y le lanzan piedras, lo que desmiente por completo su versión de que se trata de una ocupación pacífica.
Encabezados por Damián Cuervo Mejía, líder de la organización invasora, los ocupantes han quemado amplias zonas del potrero y creado caminos con sus vehículos y motocicletas, que utilizan para “patrullar” el terreno de 22 hectáreas. Además, se ha documentado el uso de niños como escudos humanos para dificultar cualquier intento de desalojo, práctica que ha generado preocupación entre los vecinos y familiares de las víctimas de despojo.
A pesar de que la denuncia fue presentada formalmente desde el pasado 19 de abril ante la Fiscalía regional, y de que el 22 de abril la gobernadora Rocío Nahle declaró públicamente que ni su administración ni la Fiscalía General del Estado ni la FGR tolerarían estas invasiones, la realidad muestra una parálisis institucional. Hasta el momento, no se ha realizado ningún operativo de desalojo, ni se ha dado respuesta efectiva a las víctimas.
La familia Quintana denuncia que la venta de los terrenos por parte de los invasores representa una doble violación: al derecho de propiedad y al patrimonio de personas de escasos recursos que, engañadas, creen estar adquiriendo un terreno legal. Aseguran que esta no es la primera vez que Damián Cuervo y su grupo protagonizan una toma de tierras con fines económicos, disfrazándola de una causa social.
Mientras tanto, el discurso de respeto a la propiedad privada que defiende públicamente la mandataria estatal no se ha traducido en acciones concretas. La familia afectada continúa esperando justicia, en un contexto donde la ilegalidad avanza y la respuesta gubernamental sigue ausente.
