La reforma judicial mexicana busca combatir la corrupción, pero expertos advierten que elegir jueces por voto popular podría debilitar la democracia y favorecer al poder presidencial.
México se embarca en un experimento político sin precedentes al celebrar elecciones en las que más de 2600 jueces y magistrados serán elegidos por voto popular en un solo día. Se trata de la primera etapa de una transformación del sistema judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. La reforma propone reemplazar a jueces previamente designados con nuevos perfiles elegidos directamente por la ciudadanía, en un intento por democratizar el acceso al poder judicial.
La justificación oficial es clara: el sistema judicial mexicano está gravemente desacreditado. Según encuestas recientes, dos de cada tres ciudadanos consideran que los jueces son corruptos. Frente a esta percepción, los defensores de la reforma sostienen que permitir al pueblo elegir a sus jueces incrementará la rendición de cuentas y reducirá la impunidad, en un país que sufre los embates del crimen organizado y la violencia.
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte preocupación entre expertos y analistas internacionales, quienes señalan que la elección popular de jueces podría poner en peligro la independencia judicial, un pilar esencial de cualquier democracia sólida. El riesgo, advierten, es que se debilite el sistema de contrapesos al concentrar aún más poder en manos del partido gobernante, Morena, que ya controla la presidencia y tiene mayoría en el Congreso.
Uno de los principales desafíos es la magnitud del proceso: elegir a miles de jueces simultáneamente representa una tarea colosal que reduce las posibilidades de contar con candidatos realmente capacitados. Además, la sobrecarga de boletas y nombres desconocidos dificulta que los votantes tomen decisiones informadas, lo que podría abrir la puerta a la manipulación política o incluso a la infiltración del crimen organizado. De hecho, medios internacionales han reportado que entre los candidatos hay al menos un exconvicto y varios sospechosos de delitos graves.
La reforma judicial también se inserta en una tendencia global que preocupa a defensores de la democracia. Casos como los de Turquía y Hungría muestran cómo líderes electos han utilizado reformas similares para controlar al poder judicial, silenciar opositores y consolidar su poder. México, con su joven democracia y antecedentes autoritarios, no está exento de estos riesgos. La historia reciente muestra cómo los tribunales han actuado como contrapeso a las iniciativas del Ejecutivo, y su debilitamiento podría significar un paso hacia un modelo con menos controles institucionales.
Los defensores de la reforma insisten en que el voto directo es una herramienta legítima para depurar el sistema y fortalecer la soberanía popular. No obstante, críticos como María Ballesteros, del Instituto de la Paz de Estados Unidos, sostienen que el poder judicial necesita independencia precisamente para resistir presiones políticas y tomar decisiones en función de principios legales, no de mayorías momentáneas.
En este contexto, la elección judicial se convierte en un punto de inflexión para la democracia mexicana. La intención de erradicar la corrupción es loable, pero los mecanismos para lograrlo deben preservar el equilibrio institucional y la calidad del sistema de justicia. A medida que los ciudadanos acuden a las urnas, el país pone a prueba no solo su modelo judicial, sino su compromiso con una democracia robusta, plural y con frenos al poder.
