Diego Jiménez Labora, socio de Grupo ECO y cercano a Andrés Manuel López Beltrán, no obtuvo la suspensión definitiva de amparo por el caso Axe Ceremonia y podría ser arrestado.
Este miércoles 7 de mayo, un juez federal negó la suspensión definitiva solicitada por Diego Jiménez Labora Prieto, empresario ligado al caso del Festival Axe Ceremonia, donde perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Hernández y Berenice Giles. Jiménez Labora, uno de los propietarios de Grupo ECO, la empresa responsable de la organización del evento en el Parque Bicentenario, había promovido un juicio de amparo con el objetivo de evitar que se ejecutara en su contra cualquier orden de aprehensión emitida por la justicia capitalina. No obstante, con esta resolución, el empresario queda legalmente expuesto a ser detenido en cualquier momento.
El proceso legal fue interpuesto a partir del 22 de abril, fecha en la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció formalmente que investigaría a las compañías involucradas en el lamentable suceso, el cual conmocionó al gremio periodístico y al público en general. Aunque inicialmente Jiménez Labora obtuvo una suspensión provisional el día 23 de abril para que se analizara su recurso, dicha protección fue desechada recientemente tras la evaluación judicial correspondiente.
La figura del empresario ha estado bajo fuertes cuestionamientos, no solo por su papel como dueño de la empresa responsable de la logística del festival, sino también por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta relación ha generado mayor escrutinio en torno al actuar del empresario, a quien se le ha señalado por mantener un prolongado y criticado silencio público luego del incidente. Diversas voces, incluidas las de miembros del staff y testigos del festival, aseguraron que Jiménez Labora “se dio a la fuga” tras los hechos, ya que desapareció de redes sociales y evitó cualquier posicionamiento público que asumiera responsabilidad o diera claridad sobre los hechos.
Con esta negativa judicial, se abre la posibilidad de que la FGJCDMX ejecute una orden de aprehensión en su contra si así lo determina el curso de la investigación. Mientras tanto, el caso continúa atrayendo atención mediática y social, sobre todo por las exigencias de justicia para los dos jóvenes periodistas fallecidos mientras cumplían con su labor profesional. La resolución del juez representa un avance significativo en el proceso legal, marcando una nueva etapa en la búsqueda de responsabilidades tras la tragedia que ensombreció al festival.
