El asesinato de Laken Riley por un migrante indocumentado ha llevado a la propuesta de la Ley Laken Riley en EE.UU., que busca deportar a migrantes acusados de delitos menores. La ley, que ha generado controversia, se encuentra en debate en el Senado y plantea serias preocupaciones sobre derechos fundamentales y la presunción de inocencia.
El asesinato de Laken Riley, una joven estudiante de enfermería de 22 años, a manos de un migrante indocumentado venezolano, ha desencadenado una intensa controversia en Estados Unidos y ha inspirado la propuesta de una nueva ley que busca endurecer las políticas migratorias. Esta legislación, conocida como la Ley Laken Riley, se encuentra actualmente en debate en el Senado y podría entrar en vigor antes de que Donald Trump asuma la presidencia.
El trágico suceso ocurrió en febrero del año pasado en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, donde José Ibarra, un venezolano de 26 años, atacó a Riley mientras hacía ejercicio. Ibarra fue condenado a cadena perpetua en noviembre y tenía antecedentes de delitos menores, lo que llevó a muchos a argumentar que, si hubiera sido deportado previamente, la tragedia podría haberse evitado.
Detalles de la Ley
La Ley Laken Riley propone que cualquier migrante indocumentado acusado de hurto o robo sea arrestado y potencialmente deportado. Además, permite a los estados demandar al gobierno federal si consideran que no se están aplicando adecuadamente las leyes migratorias. Los defensores de la ley argumentan que mejorará la seguridad pública, mientras que los críticos sostienen que viola principios constitucionales, como la presunción de inocencia.
Proceso Legislativo
La ley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado. Sin embargo, el 7 de enero de 2025, fue nuevamente aprobada con el apoyo de varios demócratas y avanzó al Senado, donde se espera un debate más intenso debido a su naturaleza polémica.
Controversias y Críticas
La Ley Laken Riley ha generado preocupaciones sobre la violación de derechos fundamentales, ya que permitiría la detención y deportación de migrantes sin juicio previo por delitos menores. Críticos como Pramila Jayapal advierten que esto podría llevar a una «autopista hacia la deportación masiva», afectando a comunidades vulnerables y erosionando la justicia.
Además, organizaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) han expresado su preocupación por el impacto que tendría la ley en el sistema judicial, argumentando que podría desviar recursos de casos más graves y complicar el trabajo de fiscales y jueces.