64% de negocios considera inviable la reducción de jornada laboral a 40 horas sin apoyos, advirtiendo posible incremento en la informalidad y afectaciones al empleo formal.
La iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales ha generado preocupación entre los sectores empresariales, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas del país. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el 64% de los negocios en México considera inviable esta modificación si no se implementan apoyos adecuados que amortigüen su impacto.
Ambos organismos advirtieron que, sin medidas paralelas que acompañen la transición, podría registrarse un incremento en la informalidad laboral. Señalaron que una implementación generalizada y uniforme, sin tener en cuenta las particularidades de cada sector productivo ni el tamaño y capacidades de cada empresa, puede poner en riesgo tanto la viabilidad operativa como la estabilidad laboral de millones de trabajadores.
Aunque reconocen que avanzar hacia un modelo laboral más humano y sostenible es un objetivo deseable, Concanaco subrayó que se deben respetar las condiciones actuales de operación de los negocios. Destacó que el comercio, el turismo y los servicios generan el 65% de los empleos formales, mientras que la industria manufacturera representa el 29% de su actividad, traducido en apenas un 5% del empleo formal total.
Una encuesta interna de Concanaco reveló cifras preocupantes: el 64% de las personas dueñas de negocios afirma que no pueden reducir la jornada sin comprometer su funcionamiento; el 71.4% prevé un aumento de costos operativos incluso si la reducción fuera gradual, y el 58.85% teme no poder cubrir turnos o mantener su nivel de servicio.
Las preocupaciones principales giran en torno al incremento de los costos laborales, la posible pérdida de empleos, la afectación a la atención al cliente y el cumplimiento fiscal. Ante este panorama, los empresarios proponen una implementación más equilibrada basada en tres ejes: gradualidad sectorial con metas a 2030; incentivos a la formalidad para regularizar a empresas familiares mediante apoyos financieros, fiscales y tecnológicos; y la creación de un Observatorio de Transición Laboral, donde participen gobierno, empresarios y trabajadores para dar seguimiento y ajustar el proceso según la evidencia real.
