Estados Unidos inició los primeros procesos por narcoterrorismo contra tres mexicanos, dos colombianos y dos estadounidenses vinculados con cárteles y guerrillas.
El gobierno de Estados Unidos ha iniciado formalmente los primeros procesos judiciales por el delito de narcoterrorismo en contra de siete personas: tres de nacionalidad mexicana, dos colombianos y dos estadounidenses. Estos casos representan un giro legal sin precedentes, al ser los primeros en los que se imputa terrorismo a narcotraficantes por su colaboración con cárteles considerados organizaciones terroristas internacionales.
Los documentos judiciales incluyen la inusual designación de “narco terrorism”, tras la orden ejecutiva 14157 firmada por el expresidente Donald Trump en febrero pasado. En ella, se declaró a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas transnacionales. Entre las agrupaciones señaladas están el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos, además de la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua.
Uno de los primeros acusados es el colombiano Geovany Andrés Rojas, alias “La Araña”, vinculado con los Comandos de Frontera. Fue acusado por su participación en el envío de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia California entre 2017 y 2024. Su historial criminal incluye pasos por Los Rastrojos y las FARC. Actualmente, está detenido en el penal de La Picota, en Bogotá, a la espera de extradición.
También fue señalado Adrián Alberto Cano Gómez, alias “El Andrea”, ligado al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo, además de estar implicado en crímenes de guerra, mantiene vínculos criminales con el Cártel de Sinaloa. Cano Gómez fue extraditado en abril a Houston, Texas, donde enfrenta cargos por producir y traficar cocaína desde 2007.
Del lado mexicano, Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel fueron acusados en mayo por tráfico masivo de fentanilo, lavado de dinero y apoyo al Cártel de Sinaloa, designado como grupo terrorista desde febrero de este año. En diciembre de 2024, las autoridades mexicanas decomisaron 1.65 toneladas de fentanilo en sus propiedades, la incautación más grande registrada a nivel mundial. Se presume que ambos se esconden en Los Mochis, Sinaloa.
Otro caso que llama la atención es el de María del Rosario Navarro Sánchez, presunta integrante del CJNG, acusada de intentar proveer granadas y armas a la organización. Su red también traficaba metanfetaminas desde México a Texas, y cobraba a migrantes por cruzarlos de Ciudad Juárez a Estados Unidos. Aunque fue detenida en mayo en Magdalena, Jalisco, su extradición fue detenida temporalmente por una suspensión judicial.
Finalmente, dos ciudadanos estadounidenses, Maxwell Sterling Jensen y James Lael Jensen, padre e hijo, enfrentan cargos por apoyar al CJNG mediante la empresa Arroyo Terminals en Texas. A través de esta firma, presuntamente lavaban dinero del contrabando de petróleo crudo operado por el cártel. La fiscalía de Texas calificó el caso como complejo, dada la cantidad de pruebas que deben analizarse.
Estos casos inauguran una nueva etapa en la estrategia legal de Estados Unidos contra el crimen organizado, elevando la figura del narcotráfico a un plano de terrorismo internacional con implicaciones penales más severas.
