El FBI sostiene que funcionarios venezolanos facilitan acciones del Tren de Aragua en EE.UU., aunque otras agencias de inteligencia descartan esa conexión directa con el régimen de Maduro.
Un reciente memorando de inteligencia del FBI ha revelado un conflicto significativo dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El documento sostiene que algunos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro estarían facilitando la migración de miembros del Tren de Aragua hacia territorio estadounidense, con el supuesto objetivo de socavar la seguridad pública del país. Esta evaluación se convirtió en la base para que el expresidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta legal poco utilizada, para justificar deportaciones rápidas sin el debido proceso.
Sin embargo, esta postura del FBI ha sido cuestionada por otras agencias como la CIA, la NSA y el Consejo Nacional de Inteligencia, que coinciden en que las pruebas no sustentan una coordinación oficial entre el régimen venezolano y dicha organización criminal. Las demás entidades consideran que el análisis del FBI, basado en declaraciones de siete migrantes detenidos, es poco creíble, dado que las fuentes tenían acceso indirecto a la información y posibles motivaciones legales para exagerar sus testimonios.
Aunque el memorando del FBI fue presentado en una corte federal de Texas, generando debate judicial sobre el uso de la ley de guerra para deportaciones, el resto de la comunidad de inteligencia rechaza la narrativa de que Maduro controle o dirija al Tren de Aragua. Incluso se destaca que, de acuerdo con el propio memorando, no hay implicación directa de altos funcionarios venezolanos en las actividades diarias de la banda.
El Consejo Nacional de Inteligencia fue más allá, señalando que las afirmaciones carecen de sustento técnico y operativo, ya que no hay evidencia de comunicaciones, transferencias financieras ni coordinación sistemática que pruebe la participación del gobierno de Maduro. Además, señaló que el FBI otorgó un nivel de confianza “medio” a su evaluación y que incluso consideraba degradarlo por la poca confiabilidad de las fuentes.
A pesar de estos desacuerdos, Trump firmó una proclamación el 15 de marzo afirmando que el gobierno venezolano sí controla al Tren de Aragua. Esta decisión política fue tomada a pesar de un memorando fechado el 26 de febrero por el Consejo Nacional de Inteligencia, que concluía lo contrario. Posteriormente, la filtración de ese análisis provocó una investigación penal por parte del Departamento de Justicia.
Finalmente, el entonces jefe del Consejo, Michael Collins, fue presionado para modificar una nueva evaluación, aunque la versión definitiva reiteró que no existían vínculos oficiales creíbles entre el régimen venezolano y el Tren de Aragua. Collins fue destituido poco después, lo que ha encendido aún más las alarmas sobre el uso político de los informes de inteligencia.
