El hallazgo de una oreja humana derivó en la localización de una fosa clandestina con ocho cuerpos en Bahía de Los Ángeles, según confirmó la Fiscalía de Baja California.
Una nueva fosa clandestina con ocho cuerpos fue localizada en una zona desértica de Bahía de Los Ángeles, Baja California, como resultado de una búsqueda iniciada tras la denuncia del colectivo Madres Buscadoras de San Quintín y el hallazgo de una oreja humana en el área. La Fiscalía General del Estado confirmó que se trata de una región inhóspita y de difícil acceso, donde las autoridades realizaron un operativo de varios días impulsado por la desaparición de ocho personas, entre ellas dos menores de edad.
La denuncia se hizo pública el 1 de junio, día en que los familiares reportaron la desaparición de las víctimas. La última vez que se les vio fue a bordo de una camioneta Tahoe circulando hacia el Ejido Nuevo Rosarito. Testigos aseguran que el grupo fue interceptado por un comando armado, y desde entonces no se supo más de su paradero. La alerta creció cuando el Ejército Mexicano recibió el reporte del hallazgo de una oreja humana en la zona de Misión de San Borja, lo que movilizó a personal de la FGE y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ma. Elena Andrade Ramírez, fiscal general del estado, detalló que los cuerpos presentaban avanzado estado de descomposición y huellas de violencia, particularmente heridas de arma de fuego. A pesar de la dificultad para identificarlos plenamente, algunas señas particulares sugieren que se trata de las personas desaparecidas. Se realizaron pruebas de ADN a los familiares para confirmar las identidades de manera oficial.
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Heriberto Ramírez, Gerardo Ariel Chávez Covarrubias, Jesús Manuel Cortez Rodríguez, Anthon Díaz Álvarez, Daniel Alberto Díaz Fuerte, Omar Antonio Espinoza Sandoval, Josué Pérez García y Edgar Alberto Díaz Zurita. Sus edades oscilan entre los 17 y 40 años, y la mayoría eran residentes de Guerrero Negro, Baja California Sur.
El hallazgo se dio a más de 540 kilómetros de Ensenada, en una región con fuerte aislamiento geográfico. La fiscal subrayó la brutalidad del crimen y la complejidad del entorno en el que fueron encontrados los restos, lo cual dificultó las labores de extracción.
Las autoridades estatales ahora colaboran con sus contrapartes de Baja California Sur para investigar si existe conexión entre esta masacre y otros homicidios recientes en la región. Mientras tanto, los familiares continúan en la espera de una confirmación genética que cierre este doloroso capítulo, en una zona marcada por la violencia, la impunidad y las desapariciones.
El papel del colectivo Madres Buscadoras de San Quintín fue determinante. Su presión pública y acompañamiento a los familiares de los desaparecidos impulsaron la intervención de las autoridades y permitieron que el operativo se intensificara hasta llegar al trágico hallazgo.
La investigación sigue abierta, con la esperanza de que el proceso legal proporcione justicia a las víctimas y respuestas a sus familias.
