En Guanajuato hay más investigaciones por aborto que por feminicidio, reflejando un entorno legal restrictivo y una fuerte criminalización social.
En Guanajuato, los casos judiciales por aborto superan a los feminicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que revela un enfoque legal más riguroso hacia quienes interrumpen un embarazo que hacia quienes cometen asesinatos de mujeres por razones de género. De 2018 a abril de 2025, se han abierto 180 carpetas por aborto, mientras que por feminicidio solo 160, lo que posiciona al estado como uno de los más restrictivos y punitivos en materia de derechos reproductivos.
Particularmente en 2018 y 2020 se documentó la mayor cantidad de investigaciones por aborto, mientras que los feminicidios en esos mismos años recibieron menos atención judicial. Las ciudades de Celaya, Irapuato y la capital del estado concentran la mayoría de las carpetas por interrupción del embarazo. Aunque solo se han emitido ocho sentencias en siete años y ninguna contra personas gestantes, el solo hecho de abrir una investigación convierte el aborto en un delito perseguido que afecta emocional, social y jurídicamente a las mujeres.
Las colectivas feministas señalan que más allá del ámbito penal, la criminalización social hacia quienes deciden sobre su maternidad genera miedo, estigmatización y desprotección. Paulina Urbieta, del colectivo Verde Aquelarre, lamenta que el sistema jurídico estatal limite el actuar del personal médico, obligándolos a decidir entre su ética profesional y las consecuencias legales de practicar un aborto.
En Guanajuato, el aborto solo se permite cuando no es provocado o en caso de violación. A pesar de ello, existe únicamente una clínica con servicios de aborto seguro, ubicada en Celaya. Esto deja en total vulnerabilidad a mujeres de otros municipios, donde los profesionales de la salud temen participar debido al estigma legal y social. El Código Penal contempla sanciones de prisión de hasta tres años y multas, además de la revocación de la cédula médica en ciertos casos.
En ausencia de condiciones adecuadas, muchas mujeres recurren al aborto clandestino o viajan a otros estados. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó que al menos 560 mujeres de Guanajuato acudieron a esa capital para acceder a un aborto seguro entre 2007 y junio de 2024. Esto pone en evidencia la demanda constante por ejercer un derecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció como constitucional en 2021, pero que aún no se respeta en todo el país.
