Exdirector administrativo y exjefa de Tesorería de la UACH fueron sancionados por omitir pagos a Pensiones Civiles del Estado, pese a contar con los recursos para hacerlo.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por seis meses a dos exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), tras comprobarse que omitieron deliberadamente el pago de más de 209 millones de pesos a Pensiones Civiles del Estado (PCE), a pesar de que la institución contaba con los recursos necesarios para cumplir con esta obligación legal.
Así lo informó el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, quien detalló que los sancionados son el exdirector administrativo, identificado con las iniciales F.M.S., y la exjefa del Departamento de Tesorería, A.L.R.F. Ambos fueron responsables de no enterar las aportaciones obligatorias correspondientes a seguridad social, servicio médico y diferencial médico para el personal universitario afiliado a PCE.
La resolución fue emitida por la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, luego de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE), como resultado de una revisión financiera enfocada en las instituciones afiliadas a Pensiones Civiles. En este ejercicio, se detectó que la UACH mantenía un adeudo de 209 millones 802 mil 826 pesos, acumulado a pesar de que los fondos estaban disponibles en las arcas de la universidad.
“El director administrativo tenía la obligación de supervisar el uso adecuado de los recursos y asegurar que las cuotas se pagaran en tiempo y forma. Esta omisión no fue un descuido, fue una acción deliberada y arbitraria que afectó directamente la operatividad de Pensiones”, subrayó el auditor Héctor Acosta.
La sanción llega en un momento crítico para PCE, institución que enfrenta una grave crisis operativa, con constantes quejas por la deficiente atención médica a sus derechohabientes. En este contexto, Acosta Félix advirtió que la medida adoptada sienta un precedente importante para el combate a la impunidad administrativa en el sector público estatal.
El titular de la ASE afirmó que esta es la primera sanción derivada de una revisión exhaustiva que ha revelado serias irregularidades por parte de varios entes públicos afiliados a PCE, y adelantó que las inspecciones continuarán con el objetivo de detectar nuevas omisiones y promover tanto acciones legales como sanciones administrativas contra quienes resulten responsables.
