Estados Unidos anunció que no solicitará la pena capital contra Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y busca un posible acuerdo de culpabilidad.
El gobierno de Estados Unidos ha comunicado oficialmente que no buscará la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, conocido como «El Güero», uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. La decisión fue anunciada por la fiscalía federal del Distrito Norte de Illinois a través de un documento presentado ante la Corte de Chicago el pasado 23 de mayo, días antes de que el acusado comparezca ante la jueza Sharon Johnson Coleman para enfrentar múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas.
Mediante el uso del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3593, el fiscal Andrew Boutros notificó que, aun en caso de que Guzmán López sea declarado culpable, el gobierno estadounidense no buscará imponerle una sentencia de pena capital. Esta medida se interpreta como parte de una estrategia más amplia, dado que el acusado se encuentra actualmente en negociaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad.
Al igual que su hermano Ovidio Guzmán López, Joaquín podría convertirse en colaborador de las autoridades estadounidenses, lo cual marcaría un giro importante en la estrategia judicial contra los principales miembros del Cártel de Sinaloa. Ovidio, quien ya aceptó su responsabilidad penal, tiene previsto declararse culpable de manera formal ante la misma corte el próximo 9 de julio.
Joaquín y Ovidio son medio hermanos de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y los cuatro formaron parte del grupo conocido como «Los Chapitos» o «Los Menores», una célula del Cártel de Sinaloa que heredó las operaciones criminales de su padre, Joaquín Guzmán Loera.
Según reportes extraoficiales, Guzmán López habría tenido diferencias con Ismael «El Mayo» Zambada, figura clave en la estructura del cártel, e incluso se ha señalado que participó en su presunto secuestro, lo que evidenciaría tensiones internas entre las principales facciones de la organización.
La decisión de no solicitar la pena capital refleja la intención del gobierno estadounidense de obtener cooperación a cambio de una reducción de condena, una táctica utilizada con frecuencia en casos de alto perfil dentro del crimen organizado.
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