Lenguas indígenas serán clave en la justicia de Chihuahua; Maru Campos anuncia capacitación a ministerios públicos para lograr atención con pertinencia cultural.
En un paso significativo hacia una justicia más incluyente, la gobernadora María Eugenia Campos encabezó la firma de un convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, cuyo objetivo central es implementar acciones con pertinencia cultural para mejorar la procuración e impartición de justicia en comunidades originarias. Esta alianza busca romper barreras lingüísticas y culturales que históricamente han marginado a estos pueblos.
Durante el acto, la mandataria estatal reconoció que en México la justicia no siempre ha sido accesible para todos, especialmente para quienes provienen de culturas distintas. Resaltó que no se puede hablar de justicia cuando esta no se entiende, y subrayó que las y los ministerios públicos serán capacitados para sumergirse en las realidades culturales de los pueblos indígenas, reconociendo su diversidad social y espiritual como una riqueza, no como una excepción.
El fiscal general del Estado, César Jáuregui, coincidió en que este convenio responde a una deuda histórica. Afirmó que, a diferencia de administraciones pasadas, el actual gobierno se ha enfocado en dejar atrás prácticas de control y en implementar políticas públicas verdaderamente dirigidas a los pueblos originarios. Remarcó que muchas iniciativas anteriores han fracasado precisamente por no considerar la cosmovisión, estructura social y lenguaje de estas comunidades.
Por su parte, Enrique Rascón, titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, enfatizó que el lenguaje debe dejar de ser una barrera para transformarse en un puente que conecte realidades. Aseguró que comprender a los pueblos indígenas va más allá de traducir palabras; implica reconocer su historia, sus símbolos, su modo de vida y su forma de relacionarse con el mundo. También señaló que las estadísticas, por sí solas, no reflejan el grado de exclusión normalizada, y que se requiere un enfoque humano y cultural.
En el evento también participó Pilar Chaparro, ministerio público indígena, quien compartió un emotivo mensaje sobre lo que representa ser mujer e indígena en el ámbito de la justicia. Aseguró que su presencia en la Fiscalía representa muchas voces que antes fueron silenciadas, y llamó a reconocer la lucha de las mujeres indígenas por ser escuchadas, valoradas y respetadas. Narró cómo su propia experiencia le ha enseñado que la educación y la perseverancia son herramientas que pueden romper estigmas y abrir caminos.
El padre Héctor Fernando Martínez Espinoza, de la Diócesis de la Tarahumara, también se pronunció sobre la importancia de este convenio, destacando que los pueblos originarios deben ser considerados en todas las decisiones que los afectan, desde obras de infraestructura hasta temas ecológicos. Lamentó que sus demandas muchas veces no sean escuchadas y que incluso se politicen los mensajes que emiten desde sus comunidades. Recordó que recientemente la Diócesis hizo un reclamo público al Gobierno Federal por hechos en Guachochi, el cual fue malinterpretado y usado políticamente.
Finalmente, Martínez Espinoza agradeció que el Gobierno del Estado haya valorado el trabajo social de la Iglesia en la Sierra Tarahumara, y reiteró que la justicia es la única vía hacia la paz verdadera. La implementación de este convenio representa no solo una política pública, sino un acto de reconocimiento hacia comunidades que han sido invisibilizadas por generaciones.
