El fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que los 29 narcotraficantes entregados por México a Estados Unidos, incluido Rafael Caro Quintero, no podrán ser sentenciados a pena de muerte, al estar protegidos por acuerdos internacionales que prohíben esta condena para extraditados mexicanos.
Tras el traslado masivo de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, las autoridades mexicanas reafirmaron su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la legislación internacional. Durante la conferencia del gabinete de seguridad del 28 de febrero, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que ninguno de los capos extraditados podrá ser condenado a pena de muerte, pese a las intenciones del gobierno estadounidense de aplicar esta sanción en algunos casos.
Gertz Manero subrayó que las penas que puedan imponerse a los narcotraficantes deberán ajustarse a los tratados de extradición firmados entre ambos países. México, al no contemplar la pena de muerte en su legislación, establece en sus acuerdos internacionales que los ciudadanos entregados para ser juzgados en otros países no podrán enfrentar esta sentencia.
El fiscal hizo énfasis en que cualquier medida procesal debe ser determinada por los jueces y no por decisiones políticas, señalando que el marco legal es la principal garantía para proteger los derechos de los acusados. Agregó que los convenios internacionales vigentes obligan a Estados Unidos a respetar las condiciones impuestas por México al momento de autorizar las extradiciones.
La aclaración surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que evaluará si algunos de los capos, como Rafael Caro Quintero, podrían enfrentar cargos adicionales por terrorismo y violencia bajo la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual restablece la pena de muerte para ciertos delitos graves.
El traslado de los narcotraficantes ha sido considerado una acción sin precedentes en la cooperación bilateral para el combate al crimen organizado. No obstante, el gobierno mexicano ha dejado en claro que la protección de los derechos humanos es una prioridad, asegurando que se respetarán las garantías procesales de todos los extraditados.