Con solo un 13% de participación, México eligió por primera vez a jueces y magistrados, consolidando el poder de Morena y generando preocupaciones sobre la independencia judicial.
La reciente transición de México hacia un modelo electoral para designar jueces y magistrados ha despertado una oleada de críticas y preocupaciones. En lo que muchos consideran una de las reformas judiciales más profundas en una democracia moderna, el país abandonó el sistema de nombramientos para adoptar un mecanismo de elección directa por parte del electorado. Sin embargo, esta transformación no ha estado exenta de polémica.
La participación ciudadana fue extraordinariamente baja: solo el 13 por ciento del padrón de 100 millones de votantes acudió a las urnas, lo que representa uno de los niveles más bajos en la historia democrática reciente del país. Este desinterés se atribuye a factores como la falta de comprensión sobre el rol de los jueces, un proceso electoral confuso y con escasa difusión, así como un presupuesto limitado para organizar la elección.
Pese a estas condiciones, el partido Morena —que ya controla la presidencia y el Congreso— obtuvo una contundente victoria en los tribunales clave del país. Candidatos alineados con el oficialismo se impusieron en la Suprema Corte, en el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial y en los tribunales electorales, generando temores sobre la erosión del último contrapeso institucional frente al poder del partido gobernante.
Dirigentes de Morena argumentan que el rediseño judicial busca combatir la corrupción, el nepotismo y la impunidad que han minado históricamente la confianza en el sistema judicial. No obstante, analistas, jueces y activistas advierten que la concentración de poder sin controles efectivos amenaza seriamente la independencia judicial y puede convertir a los jueces en actores políticos sujetos a las dinámicas partidistas.
María Emilia Molina, magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, es una de las voces más críticas del nuevo modelo. Junto a otros jueces, ha impugnado la reforma ante una comisión internacional de derechos humanos. Visiblemente afectada, afirmó que su renuncia es inminente y expresó que ya no se siente parte del sistema que ayudó a construir.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, presidido por la morenista Celia Maya, tiene facultades para investigar y destituir jueces. Aunque Maya insiste en que el organismo busca erradicar prácticas corruptas, los críticos temen que este instrumento sea usado como mecanismo de control político sobre la judicatura.
Los analistas también advierten que la abrumadora popularidad de Morena, sumada a su capacidad para modificar la Constitución gracias a su mayoría en ambas cámaras, permitió implementar esta reforma en un momento políticamente oportuno. La presidenta Claudia Sheinbaum, electa recientemente con una victoria aplastante, ha manifestado su compromiso con “sanear el poder judicial”, aunque admitió que se deben mejorar las condiciones para facilitar el voto ciudadano.
Pese al dominio de Morena, los resultados electorales revelaron ciertas fracturas internas, con votantes en varios estados optando por candidatos que, si bien no se identificaban con la oposición, tampoco estaban completamente alineados con el partido oficialista. Este fenómeno, según especialistas, podría acentuarse con el tiempo y generar tensiones dentro del propio movimiento.
La oposición, debilitada y con escasa representación, no podrá disputar la estructura del poder judicial al menos hasta 2027, cuando se realice la segunda fase de estas elecciones judiciales. Para entonces, México también renovará a 17 gobernadores, el Congreso y numerosos cargos locales, en lo que podría convertirse en una nueva oportunidad para redefinir los equilibrios políticos.
Mientras tanto, el país enfrenta un escenario en el que la justicia podría dejar de ser un poder autónomo para convertirse en un brazo más del aparato gubernamental. Las próximas acciones y decisiones de los jueces electos serán determinantes para evaluar si la justicia mexicana avanza hacia una mayor rendición de cuentas o si, por el contrario, se convierte en una pieza subordinada al poder político.
