Proponen tipificar como delito federal el fraude por colisión vehicular, conocido como “monta choques”, con penas de hasta 8 años de prisión.
Con el objetivo de combatir los fraudes cometidos por quienes provocan choques automovilísticos para extorsionar a otros conductores, el diputado federal Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Su propuesta busca establecer penas de hasta 8 años de prisión para quienes incurran en este tipo de conductas, conocidas popularmente como “monta choques”.
De acuerdo con lo señalado por el legislador, la figura delictiva de fraude por colisión vehicular abarcaría a toda persona que, con el fin de obtener un beneficio económico indebido, provoque de forma deliberada un accidente de tránsito y utilice engaños, amenazas o actos de extorsión contra la víctima para obtener dinero u otros beneficios. Esta práctica, que ha proliferado en varias zonas urbanas del país, ha generado preocupación entre automovilistas y autoridades por el grado de organización y violencia que puede implicar.
La propuesta legislativa contempla además un aumento en la penalidad —hasta la mitad adicional— en caso de que se ejerza violencia física o moral durante el hecho, si se actúa en grupo de dos o más personas, se utilizan documentos o identidades falsas para facilitar el delito, o si en el acto participa algún servidor público, quien además sería inhabilitado por cinco años para ejercer funciones en la administración pública.
Manzanilla Téllez hizo énfasis en la necesidad de contar con un marco legal específico que permita a las autoridades perseguir y castigar eficazmente estos actos. Actualmente, al no estar contemplado de forma explícita en la legislación federal, las acciones judiciales contra los responsables son limitadas o tardías.
El legislador también propuso que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como autoridades estatales y municipales, se desarrollen campañas informativas para prevenir y concientizar a la población sobre los riesgos de estos fraudes y las maneras de protegerse en caso de enfrentar una situación similar.
Esta propuesta, señaló, representa un paso importante para cerrar brechas legales y frenar una conducta que atenta contra la seguridad vial y el patrimonio de los ciudadanos.
