Claudia Sheinbaum alista una reforma para retirar la autonomía de la FGR y fiscalías estatales, permitiendo al Ejecutivo designar directamente a sus titulares.
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo estaría preparando una profunda reforma legal para modificar el sistema actual de designación de fiscales en México, eliminando la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales, de acuerdo con una investigación del diario español El País. Esta medida significaría un retorno al modelo previo a la reforma constitucional de hace una década, cuando las entonces procuradurías dependían directamente del Poder Ejecutivo.
Según información obtenida por El País a través de fuentes legislativas y cercanas a la Presidencia —cuyos nombres no fueron revelados—, el plan contempla que el presidente de la República y los gobernadores designen de manera directa a los titulares de las fiscalías, como ocurría antes de que se otorgara autonomía constitucional a estos organismos.
La reforma que instauró la autonomía de las fiscalías fue concebida para reducir la influencia del poder político en las investigaciones penales, promoviendo así mayor independencia y continuidad institucional más allá de los ciclos sexenales. Actualmente, por ejemplo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene un mandato que concluye en 2028, lo que lo mantiene en funciones más allá del gobierno que lo designó.
No obstante, el borrador elaborado por la Consejería Jurídica de la Presidencia plantea que los fiscales actuales terminen sus respectivos periodos, pero sus sucesores serán nombrados directamente por el Ejecutivo federal o los gobernadores, según el nivel correspondiente.
De aprobarse esta reforma, el nuevo modelo implicaría que el Poder Ejecutivo recupere el control directo sobre las fiscalías, eliminando el proceso legislativo de ratificación que otorga legitimidad democrática y equilibrio de poderes a estas designaciones.
El objetivo de Sheinbaum, según el reporte, es presentar la propuesta en el próximo periodo ordinario del Congreso, que comenzará a finales de 2025. La iniciativa se suma a otras reformas estructurales que la presidenta electa ha planteado como prioritarias para su gobierno.
Esta propuesta ha comenzado a generar inquietud entre analistas, organizaciones civiles y sectores del ámbito judicial, quienes advierten que se podría tratar de un retroceso en la autonomía institucional y en el sistema de justicia del país.
