El DOF publicó el decreto que extingue 7 organismos autónomos, transfiriendo sus funciones a dependencias públicas. El Congreso tendrá 90 días para adecuar las leyes a esta reforma.
Este 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma la estructura administrativa del país mediante la desaparición de siete organismos autónomos. Con esta medida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) serán absorbidos por dependencias de la administración pública federal.
El decreto otorga al Congreso de la Unión un plazo de 90 días para realizar las modificaciones legales necesarias. Entre los cambios destacan la transferencia de las funciones del INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Asimismo, las funciones de la Cofece pasarán a la Secretaría de Economía, mientras que las de la CRE y la CNH serán gestionadas por la Secretaría de Energía. Finalmente, las atribuciones de Mejoredu serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El decreto asegura que los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados y que los recursos humanos de los organismos extintos serán integrados en las dependencias receptoras. Además, se establece que los ahorros derivados de esta reestructuración serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En materia de transparencia, se prometen mecanismos de acceso a la información y procedimientos expeditos para garantizar este derecho. Sin embargo, el INAI expresó su preocupación por el futuro de la transparencia en México, señalando que el nuevo modelo podría dificultar la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.