Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, fue arrestado en Manila por orden de la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por la violencia de su campaña antidrogas.
Rodrigo Duterte, exmandatario de Filipinas, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). La detención se produjo luego de que el expresidente, de 79 años, regresara al país tras un viaje a Hong Kong. Esta orden responde a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad relacionadas con su polémica y brutal guerra contra las drogas, en la que se estima que miles de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
Desde que asumió la presidencia en 2016, Duterte promovió una política de mano dura contra el narcotráfico, alentando a las fuerzas de seguridad a disparar contra sospechosos que resistieran el arresto. Bajo este mandato, las cifras oficiales reportan al menos 6,000 muertes, aunque organismos de derechos humanos afirman que la cifra real podría ser cinco veces mayor. Ante el incremento de denuncias y las crecientes pruebas sobre abusos cometidos durante su administración, la CPI inició una investigación formal en 2018.
El arresto de Duterte ha generado reacciones divididas en Filipinas. Su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta del país, denunció el hecho como un atentado contra la soberanía nacional y acusó al gobierno de traicionar al pueblo filipino al permitir su entrega a la justicia internacional. Por otro lado, diversas organizaciones de derechos humanos han celebrado la detención, considerándola un paso crucial para la rendición de cuentas y la justicia en el país.
Tras su captura, Duterte fue trasladado a una instalación de alta seguridad en Manila, a la espera de su extradición a La Haya, donde deberá comparecer ante la CPI. Su defensa argumenta que el tribunal internacional no tiene jurisdicción sobre Filipinas, ya que el país se retiró del Estatuto de Roma en 2019, decisión tomada precisamente para evitar procesos judiciales contra su expresidente. Sin embargo, la CPI sostiene que los crímenes bajo investigación ocurrieron cuando Filipinas aún formaba parte del tratado, por lo que la jurisdicción sigue siendo válida.
Este arresto representa un hito en la lucha contra la impunidad y refuerza el papel de la Corte Penal Internacional en la persecución de crímenes de lesa humanidad. La comunidad internacional sigue de cerca el proceso judicial, que podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad de líderes estatales en violaciones a los derechos humanos.
