El SAT reporta una recaudación tributaria de 2 billones de pesos en los primeros cuatro meses de 2025, impulsada por una fiscalización más estricta.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una cifra histórica en la recaudación de impuestos durante los primeros cuatro meses de 2025. De enero a abril, los ingresos tributarios alcanzaron los 2 billones 17 mil 536 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual del 9.9% y supera ampliamente los montos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para este periodo.
Este resultado no solo rompe récords en términos absolutos, sino que constituye el incremento más alto en la recaudación desde al menos 2015. De acuerdo con el calendario fiscal, la Secretaría de Hacienda estimaba una recaudación de 1 billón 937 mil 785 millones de pesos, cifra que fue superada por más de 79 mil millones, con un cumplimiento del 104.1% frente a lo programado.
El desglose por tipo de impuesto muestra que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) contribuyó con un billón 171 mil 684 millones de pesos, con un aumento del 9.1% respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó 537 mil 251 millones de pesos, lo que significó un incremento anual del 13.9%. Por su parte, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sumó 217 mil 479 millones, con un crecimiento del 4% frente a 2024.
Aunque estas cifras son alentadoras para las finanzas públicas, algunos expertos sugieren que este aumento no está necesariamente vinculado al crecimiento económico. Domingo Ruiz López, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, señaló que en ausencia de un incremento notable del Producto Interno Bruto (PIB), el repunte en la recaudación probablemente responde a un mayor rigor en las estrategias de fiscalización y control tributario implementadas por la autoridad.
El SAT ha subrayado que estos resultados consolidan la eficiencia de su estrategia de recaudación y marcan un precedente favorable para el resto del año. Con ello, se refuerza la capacidad del Estado para financiar programas sociales y proyectos prioritarios sin necesidad de recurrir a mayor endeudamiento o nuevas cargas fiscales.
