El Senado aprobó reformas que permitirán la portación de armas a funcionarios de CFE, Pemex y SAT, priorizando la seguridad de áreas estratégicas del país.
El Senado de la República dio luz verde por unanimidad a una reforma significativa de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, abriendo la puerta para que funcionarios de organismos clave como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como del Banco de México (Banxico), la Casa de Moneda y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), puedan portar armas de fuego, bajo criterios específicos y previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con 105 votos a favor, la iniciativa —presentada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador— fue respaldada por el pleno senatorial. El dictamen será ahora turnado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su análisis y eventual promulgación.
De acuerdo con el documento, la portación estará condicionada a que los funcionarios justifiquen la necesidad del arma y cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Esta medida se enmarca en el esfuerzo por proteger instalaciones estratégicas del país y fortalecer la seguridad pública, reconociendo el riesgo que enfrentan ciertos sectores gubernamentales en sus actividades cotidianas.
El dictamen también contempla modificaciones a más de un centenar de artículos con el objetivo de endurecer las sanciones en delitos relacionados con armas. Entre las nuevas penas se encuentran castigos de entre cuatro y ocho años de prisión, así como multas de hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por posesión o portación indebida.
Adicionalmente, quienes introduzcan al país armas o aditamentos prohibidos enfrentarán condenas que podrían alcanzar los treinta años de cárcel. Las penas también se extienden al uso indebido de explosivos o sustancias químicas reservadas para las Fuerzas Armadas, con sanciones de hasta doce años de prisión. Además, se contemplan castigos severos para funcionarios que dispongan de manera irregular de armas asignadas a instituciones de seguridad.
La reforma también introduce lineamientos específicos para actividades como la charrería, permitiendo el uso de revólveres tradicionales —aunque descargados— como parte del atuendo, y para la cacería deportiva, en el marco de prácticas legales. No obstante, se prohíbe terminantemente la fabricación, posesión o uso de dispositivos que conviertan armas semiautomáticas en automáticas, incluyendo aquellos elaborados artesanalmente o mediante impresión 3D.
Finalmente, se vetan accesorios como miras térmicas, holográficas y visión nocturna, entre otros, para evitar su empleo en actividades delictivas. Con esta reforma, el Senado busca fortalecer la seguridad en sectores estratégicos, endurecer el combate al tráfico y uso ilícito de armamento, y regular con mayor precisión tanto el uso institucional como civil de armas en el país.
