El uso de tatuajes como prueba para deportar presuntos pandilleros del Tren de Aragua bajo el gobierno de Trump genera críticas por su poca fiabilidad.
Durante el segundo mandato de Donald Trump, el gobierno estadounidense ha retomado una estrategia polémica: usar tatuajes como evidencia para identificar y deportar presuntos miembros de pandillas. Esta táctica, según expertos legales y en seguridad, carece de sustento sólido y contradice protocolos establecidos por décadas. Un ejemplo anterior ocurrió en 2017, cuando agentes migratorios detuvieron a Daniel Ramirez Medina, amparado por DACA, basándose únicamente en un tatuaje que finalmente se comprobó hacía referencia a su lugar de origen y no a ninguna actividad delictiva.
La atención ahora se ha centrado en los migrantes venezolanos, a quienes se les acusa de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela que ha ganado notoriedad internacional. A través de un sistema de puntos contenido en una guía federal, las autoridades pueden declarar a una persona como miembro del grupo si presenta tatuajes, vestimenta o símbolos considerados representativos del Tren de Aragua. Si una persona alcanza ocho puntos, puede ser deportada sin derecho a audiencia, gracias a la Ley de Enemigos Extranjeros.
Expertos en pandillas y funcionarios de seguridad advierten que los tatuajes, si bien pueden ser indicios, no deben usarse como única prueba. A diferencia de organizaciones como la MS-13, que sí utilizan símbolos corporales específicos como parte de su identidad, el Tren de Aragua no tiene marcas definidas que certifiquen la pertenencia. Además, en muchas zonas populares de Venezuela, los tatuajes están más ligados a la moda urbana que a la actividad criminal.
Las autoridades de ciudades como Nueva York, donde el Tren de Aragua comienza a tener presencia, reconocen que los tatuajes sirven solo como punto de partida. La policía recurre a investigaciones más profundas y al uso de informantes dentro de las cárceles para confirmar afiliaciones. De los más de 13 mil pandilleros identificados en Nueva York, solo 78 estarían relacionados con el Tren de Aragua o su grupo juvenil afín, Los Diablos.
A pesar de las advertencias de que esta práctica es “demasiado inclusiva” y puede llevar a errores graves, el gobierno de Trump continúa respaldando expulsiones rápidas con base en tatuajes. Casos como el del maquillador venezolano Andry Jose Hernández Romero, deportado únicamente por portar tatuajes con las palabras “Mamá” y “Papá”, han encendido las alarmas entre defensores de derechos migratorios.
La reciente decisión unánime de la Corte Suprema que exige audiencias antes de proceder con deportaciones abre la puerta a una serie de litigios contra estas prácticas. No obstante, la administración ha mostrado su disposición a desafiar incluso las decisiones judiciales, lo que ha llevado a un juez federal a amenazar con una investigación por desacato.
Ante la creciente presión migratoria y el endurecimiento de las políticas de control, se espera que aumenten los casos de migrantes que buscan asistencia legal para enfrentar lo que muchos consideran una estrategia legalmente frágil y éticamente cuestionable.
